Siete empresas constructoras -como Icafal lngeniería y Construcción SA-, ingresaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una solicitud de recomendación normativa para modificar parte del Reglamento General de Obras Públicas.
Las firmas piden analizar tres artículos que, a juicio de ellos, atentan contra la libre competencia, según explicó en el abogado representante, Mauricio Zúñiga, en su escrito.
Por ejemplo, en el documento se detalla que el artículo nº 11, relativo a la formación de consorcios para la ejecución de contratos de obra pública, solo permite la asociación para “complementar especialidades y obligándolos a crear una sociedad distinta a la de los consorciados”.
Otro “no permite la inscripción simultánea de empresas relacionadas”. Ese es el caso de constructora Bitumix y Bitumix Austral. Ambas están relacionadas porque la primera es propietaria del 70% de la segunda.
“Ambas son personas jurídicas distintas (...) Tienen rut distintos, se componen por profesionales distintos, equipos gestores distintos y trabajadores distintos”, argumenta Zúñiga.
Finalmente, también piden revisar lo referido a la subcontratación en contratos de obras públicas, dado que se exige que “los subcontratistas se encuentren a su vez inscritos en las categorías del registro respectivas”.
“Constructora lS Limitada está conformada por lnversiones lS e lnversiones Morval. Ninguna de las dos está inscrita en el registro de contratistas MOP. Por su parte, Sicomaq e lcafal, corresponden a dos sociedades completamente distintas e independientes entre sí, inscritas en el registro de obras mayores MOP. Ambas son accionistas de la sociedad Inversiones lS SpA (...) pero no son propietarias o accionistas directas de Constructora lS Limitada”, concluye el abogado.
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