Las imágenes de la Av. Andrés Bello convertida en un río quedarán en la memoria de los chilenos. Ese 17 de abril de 2016, tras fuertes lluvias, el Río Mapocho se desbordó en el sector oriente de Santiago, anegando decenas de edificios y los túneles de la autopista Costaner Norte.
Inmediatamente se apuntó a la responsabilidad de la Costanera Norte, que estaba realizando trabajos en el río.
Diputados de oposición (Marcela Sabat, Cristián Monckeberg, Leopoldo Pérez y Gustavo Hasbún) presentaron requerimientos ante la Contraloría con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades del Gobierno ante la emergencia. Hasbún, en particular, cuestionó directamete al titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el ministro Alberto Undurraga.
El pasado 17 de octubre, el ente fiscalizador concluyó su investigación especial: el organismo liderado por Jorge Bermúdez instruyó un procedimiento disciplinario tendiente a establecer responsabilidades administrativas.
A juicio de la Contraloría, se comprobó que antes de acontecida la inundación, no se definieron canales de comunicación expeditos entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Coordinación de Concesiones con el fin de adoptar medidas coordinadas y oportunas, tendientes a mitigar o evitar los efectos de la crecida del Mapocho.
Según la investigación, se constató que la Dirección de Obras Hidráulicas autorizó la ejecución de trabajos entre septiembre de 2015 y abril de 2016, en virtud de la aprobación del plan de manejo del cauce del Río Mapocho elaborado por la concesionaria, sin que se hayan previsto medidas adicionales o complementarias frente a una crecida mayor del río, acordes a la naturaleza de las nuevas faenas que se iban a ejecutar en dicho período, ya que las contempladas correspondían a las adoptadas en una fase de construcción anterior. Además, el plan de manejo de cauce aprobado, consideraba parámetros de diseño que habían sido representados el año 2010 por el Departamento de Obras Fluviales de la DOH.
"Respecto de los hechos antes mencionados, este organismo de control concluyó instruir un procedimiento disciplinario tendiente a establecer las eventuales responsabilidades administrativas", dijo la Contraloría, que precisó que la fiscalización no se refiere a las actuaciones desarrolladas por la sociedad concesionaria (Costanera Norte) o por la empresa encargada de ejecutar la modificación del contrato concesionado antes mencionado, ni tampoco se refiere a las eventuales responsabilidades que pudieren recaer sobre éstas.
Principio de coordinación
En la investigación, la Dirección General de Obras Públicas dijo que el ingreso de las aguas del río al túnel en construcción y sus salidas a las vías públicas, se debió única y exclusivamente a la omisión de la empresa contratista (Sacyr) en la implementación de una de las medidas del plan de contingencia vigente. Esto fue refutado por la Contraloría, que señaló que el plan de contigencia no garantizaba, desde un punto de vista técnico, que la inundación se hubiere podido evitar.
En su investigación, la Contraloría comprobó que a las 12:53 horas del 16 de abril de 2016 -día anterior al desborde-, la jefa del Departamento de Obras Fluviales de la DOH se contactó mediante mensajería instantánea con la jefa de proyecto de la concesionaria para solicitar activar el código rojo. En su respuesta, la aludida jefa expresó que la situación estaba siendo monitoreada, informándole a las 20:43 horas de ese día, por el mismo medio, que por precaución se activaría la alerta roja. Por su parte, la jefa del Departamento de Obras Fluviales, a las 00:15 horas del 17 de abril de 2016, consultó a la jefa de proyecto, también por mensajería instantánea, el número de teléfono de la persona de la concesionaria que estaría monitoreando en la noche el comportamiento del caudal del río, sin obtener respuesta. En relación con tales comunicaciones, en acta de 15 de junio de 2016, la jefa del Departamento de Obras Fluviales de la DOH indicó que solo había entregado la información a personal de la concesionaria, por cuanto no contaba con los teléfonos o correos electrónicos de la inspección fiscal de la obra. "Queda en evidencia que el Departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Obras Hidráulicas y la inspección fiscal de la obra no establecieron canales expeditos de comunicación destinados a oficiar acciones en caso de ocurrir una emergencia como la que aconteció, situación que no se ajusta al principio de coordinación", sostuvo la Contraloría.
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