La Corte de Apelaciones de Santiago declaró el lunes admisibles una serie de recursos de protección presentados por reconocidas empresas inmobiliarias, que solicitaron a la justicia que ordene al municipio de Estación Central paralizar los procedimientos de invalidación de permisos de edificación de alrededor de 50 proyectos.
Esto, luego de que la Contraloría dictaminara –a mediados de noviembre- que los permisos son ilegales e instruyera la realización de un sumario en la Dirección de Obras de la municipalidad para establecer las responsabilidades en la materia.
La corte dio hasta el viernes para que Contraloría entregue un informe y “todos los antecedentes que existan en su poder” sobre el asunto que motivó los recursos presentados por los privados. Lo mismo le solicitó al municipio.
Fortaleza, Inmobilia y Eurocorp, entre otras empresas, recurrieron a la corte y solicitaron paralizar todos los efectos, directos o indirectos, que provoque el dictamen de la Contraloría, y que se disponga en particular que la Dirección de Obras Municipales de Estación Central no dé inicio a ningún procedimiento invalidatorio, o bien que suspenda la tramitación de los que ya hubiere iniciado.
Dado esto, los ministros del tribunal de alzada decidieron unir todos los procesos vinculados a la resolución de la Contraloría por economía procesal. También se sumó el proceso que lidera la Fundación Defendamos la Ciudad, que exige todo lo contrario a las inmobiliarias: que el municipio ejecute los procesos de invalidación de permisos.
Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el impacto del dictamen de Contraloría, sólo considerando edificios ya iniciados, afecta a 28 proyectos que contemplan inversiones por más de US$ 600 millones, y que emplean en conjunto a más 15 mil trabajadores.
Para las inmobiliarias afectadas, la resolución del ente contralor es una “vulneración de garantías fundamentales” y una afectación al “derecho a desarrollar una actividad económica lícita”.
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