Una serie de irregularidades detectó la Contraloría en la auditoría que realizó al contrato de concesión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, centrado en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 31 de enero de 2017.
En el informe de casi 50 páginas, la Contraloría señaló serias deficiencias en la fiscalización de las obras de ampliación y construcción del nuevo aeropuerto al 2020.
Entre las principales fallas de la fiscalización a cargo del inspector fiscal perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, el órgano fiscalizador reveló que la Dirección de Obras Públicas no aplicó multas por 1.600 UTM, equivalentes a más de $75 millones a la concesionaria.
Estas sanciones corresponden a la falta de entrega dentro del plazo de un plan de evacuación del edificio terminal de pasajeros.
De acuerdo a la investigación de la Contraloría, el inspector fiscal no propuso las sanciones al Director General de Obras Públicas quien, de acuerdo a la normativa de concesiones, debe determinar su aplicación.
Tampoco se propuso la aplicación de multas por el incumplimiento del concesionario para subsanar las observaciones hechas a la primera entrega al Proyecto de Ingeniería Definitivo (PID) del nuevo aeropuerto; lo que a juicio de la Contraloría no se ajustó al procedimiento previsto para efectuar la revisión del proyecto.
También se excedió en el plazo dispuesto para la revisión del PID del Pavimento del Área de Movimientos de Aviones; y no observó el tiempo considerado en las bases para revisar el Sistema de Consultas, Reclamos y Sugerencias presentado por el concesionario, y el Reglamento de Servicio de la obra.
“Dado lo anterior y confirmados los hechos objetados, se mantiene la observación, debiendo ese servicio arbitrar las medidas pertinentes con el fin de que sus inspectores fiscales cumplan apropiadamente las funciones que les competen y así evitar la reiteración de hechos como el advertido. Ello, sin perjuicio de que la situación descrita será incorporada en el procedimiento disciplinario mencionado precedentemente”, señala el informe de auditoría.
El órgano, además, pidió subsanar el hecho de que no se cuenta con un procedimiento interno aprobado para el seguimiento a los procesos de aprobación de los proyectos de ingeniería definitivos, propios de un contrato de concesión.
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