Una disputa judicial, pero que también podría ser materia de la Contraloría General de la República, es la que se vive en torno al polémico proyecto Vespucio 345.
Hoy, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) presentó una solicitud formal ante el organismo liderado por Jorge Bermúdez pidiendo una investigación especial de auditoría en la Municipalidad de Las Condes y, en específico, a su Departamento de Obras Municipales (DOM) para que se determinen eventuales irregularidades en el otorgamiento del permiso de edificación de la iniciativa.
El conflicto -que está en la justicia y que también es recogido en el documento del parlamentario a través de diversos pronunciamientos y mediciones- está centrado en que la superficie del predio del proyecto contaría con menos de 7.500 m2, situación que implicaría una menor constructibilidad. Además, se deja en evidencia, por ejemplo, que durante los años 2015 y 2016 la DOM del municipio fue objeto de auditoría por parte de la Contraloría, detectándose diversas falencias en los procedimientos y desórdenes en la gestión.
"En mérito de las consideraciones y especialmente de que ha sido determinado tanto por la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo como por la misma Municipalidad de Las Condes que se han producido irregularidades en el otorgamiento del permiso de edificación Nº31 de fecha 21 de marzo de 2016 y de la Res. DOM Nº621 del 14 de noviembre de 2016, el requirente, en calidad de diputado, viene en solicitar al Contralor disponer el inicio de una investigación especial de auditoría (...) a fin de que se determinen las causas del erróneo otorgamiento del permiso de edificación y su modificación, se instruyan los sumarios correspondientes y se ordene subsanar las deficiencias que a juicio de su ente contralor sean necesarias", plantea en el escrito.
En esa línea, Fuenzalida también pide precisar el sentido y alcance de las facultades de los directores de obras en relación a la verificación de que los proyectos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y, especialmente, respecto de los procedimientos mínimos que deben observar dichas reparticiones al momento de otorgar permisos y autorizaciones dentro del ámbito de su competencia.
Actualmente el proyecto mantiene enfrentados a la Municipalidad de Las Condes y a la inmobiliaria. Recientemente, el alcalde de esa comuna, Joaquín Lavín, recurrió a la Corte Suprema para revertir un fallo que calificó de "ilegal" la decisión de la autoridad comunal que anuló el permiso de edificación de este proyecto.
Esto, luego que a principios de abril, la inmobiliaria consiguiera que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de protección presentado por la empresa en contra de la acción ejecutada por Lavín.
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