Con una historia que ha transcurrido entre el despegue de la asociación público-privada para desarrollar infraestructura de salud y el freno a ese proceso a inicios del actual gobierno, los hospitales Eloísa Díaz de La Florida y El Carmen de Maipú cumplen tres años como los únicos establecimientos concesionados en operación.
“El resultado de esta experiencia ha sido positiva para todas las partes: los pacientes han podido usar dos hospitales en su propia comuna; el Ministerio de Salud dispone de dos edificios nuevos con 300 camas, y a nosotros nos ha permitido adentrarnos en un modelo de prestaciones de servicios pionero en Chile y en casi toda Sudamérica”, afirma el gerente general de la sociedad concesionaria San José-Tecnocontrol, Adolfo Nobre.
El ejecutivo subraya que este contrato de concesión enfocado en la infraestructura y provisión de servicios complementarios no clínicos –como la alimentación con más de tres y medio millones de colaciones repartidas en este lapso– ha sido la base para una gestión médica pública, que en ambos establecimientos suma 30 mil pacientes egresados y del orden de 20 mil intervenciones. “Los hechos están allí, y los costos no se han disparado para el Estado, sino al contrario”, enfatiza.
Cumplida esta primera fase, la concesionaria viene negociando con los ministerios de Obras Públicas y Salud un conjunto de ajustes al contrato, con el objetivo de regularizar e incorporar servicios que ha venido haciendo más allá de las obligaciones del marco contractual. “Hemos brindado servicios por encima de nuestro contrato que ahora intentamos renegociar para que se contemplen a futuro, ya que su necesidad ha ido en aumento. Estos hospitales fueron diseñados para mediana complejidad y al final se tuvieron que hacer de alta. Este cambio de categoría ha aumentado radicalmente el número de funcionarios y los niveles de ocupación, implicando más costos que estamos absorbiendo”, detalla.
Como resultado de las conversaciones iniciadas en el primer semestre de este año, las partes ya afinan un primer punto de acuerdo, concretamente sobre el uso del Fondo de Reserva, tema que el Minsal está interesado en flexibilizar para usar ese presupuesto en necesidades como adecuaciones a la infraestructura. Para ello, las áreas jurídicas y técnicas del MOP, Salud y la concesionaria han consensuado una fórmula que sería oficializada en las próximas semanas.
Luego de este paso, la concesionaria seguirá impulsando la renegociación de lo que Adolfo Nobre describe como “sobre-servicios por encima del contrato que venimos prestando, y que es preciso regularizar e incorporar dentro de éste”.
–¿Cuál es la magnitud del cambio que están proponiendo?
–Más que renegociar condiciones –que no se van a cambiar, porque son los términos de la licitación–, se trata de ajustes para adaptarse a la realidad de temas como la alimentación y servicios de aseo. Al mismo tiempo, atender requerimientos de los hospitales en cuanto a contar con un marco, por ejemplo, en cuanto a las reformas y facilidades de adecuar los edificios a su uso.
–¿Cuál es la urgencia que tienen para ustedes estos ajustes al contrato?
–El problema es que todos estos servicios se acumulan. Es posible aguantar unos meses, pero cuando los costos superan las ventas, entonces hay que llegar a un nuevo equilibrio.
–¿Implicará un mayor costo para el fisco?
–Hicimos una propuesta de medidas contractuales bastante acotada. Ahora, esto sigue siendo un buen negocio para la administración, porque pasó de ser un hospital de media a uno de alta complejidad, y, por ahora, no ha costado un peso más en infraestructura y servicios, si bien ha tenido que equiparse más desde el punto de vista clínico.
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