La estatal Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fijar las condiciones de competencia respecto de la licitación del megapuerto en la zona, que contempla inversiones por US$ 3.300 millones.
En un escrito, la estatal pidió “decretar la restricción horizontal absoluta y elevar al 80% el umbral de la actual restricción a la integración vertical”, permitiendo que los distintos agentes del comercio marítimo puedan participar en la licitación.
Junto a esto, EPSA solicitó precisar que los controladores y accionistas de las sociedades concesionarias de un frente de atraque estatal que pudieran verse afectadas por las restricciones a la integración horizontal puedan participar en la licitación del megapuerto, pero que “en caso de adjudicarse la concesión, deben optar entre el Puerto a Gran Escala y aquel en que son partícipes”.
De esta manera, la empresa estatal abrió la puerta para que los grupos Matte, Luksic y Von Appen puedan participar en el concurso.
Los primeros dos operan en San Antonio, mientras Ultramar está presente en el terminal 1 de Valparaíso.
El objetivo de la administración Bachelet, que definió que el puerto a gran escala se ubique en San Antonio, es que el terminal esté operativo en 2030.
No obstante, varias fuentes consultadas ven difícil que esta millonaria inversión se concrete antes del 2030, debido a que hoy hay capacidad ociosa en los terminales existentes.
Así las cosas, se estima que para cuando se concrete la licitación del megapuerto, los actuales operadores ya habrán terminado su periodo de concesión: la de los Luksic concluye en 2025, Von Appen en 2029 y la de los Matte en 2031.
María Elina Cruz, abogada experta en libre competencia del estudio Baraona Fischer Spiess, destacó la propuesta de EPSA. Dijo que va en línea con el Dictamen 1.045 respecto de la restricción a la integración horizontal intraportuaria.
“Me parece necesario porque el desarrollo de los puertos es muy importante para el país. Nos influye a todos como consumidores finales”, manifestó.
Según conocedores, lo más probable es que los actuales operadores se hagan parte del proceso iniciado por EPSA ante el TDLC, y soliciten levantar las medidas de restricción.
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