Mientras ayer se conoció que el abogado Luis Ortiz D’Amico estará a cargo de llevar adelante el proceso de liquidación de FW Corp, se conocieron datos que apuntan a que la mesa del holding inmobiliario y de construcción ligado a los hijos del presidente del grupo SK, Juan Eduardo Errázuriz, y a la familia Aresti, estaba al tanto al menos desde 2013 de la situación financiera de la empresa.
Estos antecedentes contrastan con lo expuesto por la firma en la solicitud de liquidación voluntaria que el gerente general de la compañía, Bernardo Domínguez, presentó la semana pasada y en la que cuenta con la representación del abogado Nelson Contador, donde aseguran que la existencia de malos manejos administrativos conducentes al ocultamiento de información y falta de transparencia, le impidieron al directorio de la firma “conocer en estos años, tomar cabal conocimiento del real estado de los negocios y de la situación financiera de la compañía”.
De acuerdo con informes a los que tuvo acceso este medio, entre los cuales figuran, por ejemplo, los estados de resultados auditados de Fernández Wood Constructora y Subsidiarias, auditados por PWC y correspondientes al ejercicio 2013, se advierte una un resultado de última línea correspondiente a los propietarios de la controladora que evidencia una pérdida de $ 398 millones, monto que se compara negativamente con la utilidad por $ 32 millones reportada para el año 2012 en el estado consolidado de resultados integrales por función.
Además de la constructora, el documento considera el desempeño de las inmobiliarias y constructoras Las Nieves (proyectos de vivienda social), Pulmahue (urbanizaciones), FW Chamisero (proyecto Piedra Roja), FW Sinergia (Consorcio Alto Macul), Gestora de Servicios FWC (gestión de proyectos y personal administrativo) y Fernández Wood Sagunto (que realiza la reparación de la Villa Portales).
En el informe se declara que “es responsabilidad del directorio de la sociedad, que manifiesta que se ha aplicado la normativa aplicable vigente” y se informa que en lo que respecta al reconocimiento de ingresos, que ha sido planteado como uno de los mecanismos para la manipulación de las cifras por parte de ex ejecutivos de la compañía, “la sociedad registra los ingresos de contratos de construcción de acuerdo con el método del grado de avance, reconociendo el costo real incurrido sobre la base de los costos totales presupuestados por proyecto, dando el margen proyectado para cada proyecto”.
Este sistema habría cambiado a fines de 2015, cuando Domínguez dejó el directorio y asumió la gerencia general de FW Corp. tras el despido de Rodrigo Gana, quien ha sido sindicado como uno de los responsables de esta manipulación.
Finanzas centralizadas
En este sentido, conocedores de la dinámica de trabajo de FW Corp, comentan que desde 2013, cuando quedó más en evidencia la compleja situación financiera de la compañía, que derivó en la designación en la gerencia general de Gana (quien también era socio a través de Vizcaya), las labores de administración y finanzas están centralizadas en la matriz.
Las filiales, entre ellas la constructora, realizaban entregas semanales de información a esta área, que entre otras cosas definía las prioridades para el pago a proveedores, en medio de la estrechez de caja que enfrentaba el área de construcción, situación que a su vez, según comentan las fuentes, era puesta en conocimiento del directorio cada mes en sus sesiones, a las que los encargados de cada empresa exponía.
De hecho, añaden que en estas instancias se le comunicó al directorio no sólo las proyecciones negativas de ingresos y resultado para esta unidad, según consta en las presentaciones a las que este medio tuvo acceso, sino que también la situación específica de ciertos proyectos, como la reparación de la villa Portales, en Estación Central, que corresponde a uno de los proyectos que habría agudizado la situación de caja de la empresa, debido al alto monto de las reclamaciones que la firma mantenía con el Serviu, producto de obras adicionales solicitadas o sobrecostos generados por trabajos que surgieron durante la ejecución del contrato.
En otras iniciativas de índole social, negocio al que la empresa ingresó hacia el año 2012, como una forma de generar ingresos adicionales, también enfrentaron retrasos en los pagos, según queda en evidencia en los documentos analizados.
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