Una empresa pública, pero que genere utilidades. Ese fue uno de los puntos centrales contenidos en el proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura y que fue presentado por el Ejecutivo al Congreso en mayo. La idea era apostar por proyectos rentables y no usar esta sociedad anónima estatal para hacer políticas públicas, sin embargo, el Ministerio Obras Públicas (MOP) dijo que optaron por incluir otros criterios, como el de “equidad territorial”, lo que fue pedido por senadores, pero que no ha sido debatido con Hacienda.
Nueva característica que busca incorporar el MOP en el proyecto que podría generar tensión con la cartera dirigida por Rodrigo Valdés, quien defendió los criterios de rentabilidad con los que debiera operar el fondo cuando presentó el proyecto en la comisión de Obras Públicas del Senado.
Pese a este énfasis que entregó Hacienda, ayer el jefe de asesores del MOP, Enrique Álvarez, dijo a representantes de la industria que entre los principios que fundan la iniciativa, está la equidad territorial, lo que permitiría ejecutar obras en regiones, en zonas menos densas y que sólo miradas con el prisma de la rentabilidad económica no pasarían el filtro para ser apoyadas por la futura compañía estatal.
“Otro principio, que no estaba, para ser sincero, en la génesis de este proyecto, es que contemple una inversión con equidad territorial”, señaló Álvarez en un seminario organizado por Copsa (ver recuadro).
Eso sí, indicó el experto del MOP, habrá que discutir qué mecanismo usar para incorporar este elemento sin desdibujar el sentido del fondo.
Consultado el Ministerio de Hacienda por esta nueva definición, señalaron que hay varias dimensiones del Fondo de Infraestructura que pueden ser mejoradas y que están en evaluación.
Sin embargo, añadieron, el concepto de equidad territorial no está contenido en el proyecto de ley que ingresó e innovar en eso es algo que no está conversado con Hacienda.
La posición de los senadores
Los principales impulsores de incorporar una mirada de equidad territorial, asegurando así que se ejecuten obras en regiones, fueron los senadores que integran la comisión de Obras Públicas de la Cámara Alta.
“Muchas veces las concesiones son en los lugares más poblados, que es donde hay una tasa de retorno mayor, por lo que también hay que tener una mirada en los lugares que no son tan densamente poblados”, dijo el presidente de la comisión, Alfonso de Urresti, cuando en junio los ministros Undurraga y Valdés comparecieron ante la instancia.
En la oportunidad añadió que “hemos hablado de elementos importantes de equidad territorial, que estos proyectos permitan impulsar distintas obras y desarrollos a lo largo de todo el país. Creemos que también hay que tener una mirada para aquellas zonas que no son densamente pobladas, como Aysén, la región de Los Ríos, Magallanes o el extremo norte”.
Esta necesidad de equidad territorial también fue compartida por el senador Antonio Horvath, quien también es parte de la comisión, y que fue enfático en señalar que “vamos a buscar (en la comisión) que haya un principio de equidad territorial, sino todo es por rentabilidad, por número de habitantes, número de vehículos que pasan por una determinada ruta, y todo quedaría concentrado en la Región Metropolitana”.
Valdés aseguró en esa oportunidad que el foco del proyecto no es tener efectos descentralizadores, y que estos pueden ser solamente “en la medida que sean obras rentables para el fondo”, debido a que no se busca hacer política fiscal a través de él.
Los fondos de esta nueva empresa Estatal -que manejaría activos por US$ 9.000 millones- provendrían del cobro de los peajes de las carreteras hoy concesionadas.
La creación del fondo, expuso Valdés en junio, no significaría un gasto fiscal y estaría afuera del presupuesto. “Si no fuese así, sería un problema fiscal, porque estaríamos haciendo política fiscal a través de la empresa pública, en la medida que tenga utilidades uno puede decir que no hay un gasto fiscal”, recalcó.
Concesiones: Bachelet valora modelo
Como un modelo exitoso de acción conjunta entre el Estado y el sector privado calificó al sistema de concesiones la presidenta Michelle Bachelet, quien participó de la actividad inaugural del VI Congreso Nacional de Concesiones, organizado por Copsa, gremio que reúne a las compañías del sector.
La mandataria destacó el reimpulso que, a su juicio, ha tenido el sistema, consiguiendo las metas de adjudicación de obras. Por ejemplo, entre marzo de 2015 y marzo de 2016 se superó marginalmente la meta de adjudicar proyectos por US$ 1.500 millones en el periodo.
Con esto, los primeros dos años de gobierno estarían por sobre el promedio histórico de adjudicación de obras concesionadas en el país.
Pese a los buenos resultados del sistema, advirtió que "ningún modelo, pese a ser exitoso, puede permanecer estático en el tiempo" y valoró la Agenda Chile 30/30 y la tramitación de los proyectos de ley que crean la Dirección General de Concesiones y el Fondo de Infraestructura.
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