El proyecto de tren de alta velocidad que pretende unir Santiago y Valparaíso en 45 minutos está pronto a recibir respuesta del gobierno, después que la iniciativa fuera presentada en enero por el consorcio Tren Valparaíso Santiago (TVS) a la administración de Michelle Bachelet.
Esto, luego de que TVS hiciera llegar la semana pasada al Ministerio de Transportes una serie de respuestas a consultas que esa secretaría le había formulado para aclarar algunos aspectos técnicos.
Cabe recordar que en su momento, el consorcio -integrado por Sigdo Koppers, China Railways Group y Latinoamérica Infraestructura-, señaló que en caso de ser aprobado por el gobierno, el proyecto se demoraría cuatro años en ser construido y en su totalidad sería financiado por ellos, sin depender de subsidios del Estado.
El proyecto considera una inversión del orden de los US$ 1.600 millones y la propuesta la hace a través de la Ley de Ferrocarriles del Estado (EFE).
Esto último ha sido justamente una de las interrogantes que abrió la iniciativa, dado que la normativa viene de 1930 y fue pensada para el desarrollo de otro tipo de proyectos ferroviarios, relacionados con la construcción de ramales desde la red de Ferrocarriles para conectar, por ejemplo, con mineras. La ley es tan precaria que no tiene reglamentos ni establece, por ejemplo, el resguardo de pedir boletas de garantías.
Por eso, ha surgido con fuerza la opción de que finalmente se proponga al consorcio chino-chileno que lleve la idea al sistema de concesiones, algo que en la industria ven que podría interferir con un desarrollo rápido de la obra.
En las consultas que habría hecho la autoridad y que fueron recientemente respondidas por la empresa, vienen una serie de detalles del proyecto. Primero, dar más antecedentes de las proyecciones de demanda que se utilizaron para establecer el trazado, el que contempla cuatro estaciones en Santiago, Casablanca, Viña del Mar y Valparaíso.
Además, aunque TVS ha sido clara en señalar que no habrá subsidios comprometidos, el gobierno busca establecer de forma más clara si se requerirán inversiones adicionales, dado que, entre otros puntos, no está claro cómo se conectará Maipú, que es donde llegaría el tren, con Estación Central, ni tampoco estaba considerado el ramal a San Antonio.
De ser así, el Estado deberá invertir en esos desarrollos, lo que se estima facilmente en US$ 1.000 millones.
Por la Ley General de Ferrocarriles, es que el proyecto debe constituirse exclusivamente de líneas férreas nuevas. Pese a eso, el consorcio ha planteado que para que el tren rápido a Valparaíso (que solo será para transporte de pasajeros) sea sustentable, debe ligarse a un proyecto de carga.
Ese es otro tema que debe finiquitar el gobierno, ya que TVS usaría dos ramales de conexión que son propiedad de la estatal. En este caso son ramales de la vía que va a San Antonio y que EFE utiliza como parte de su operación actual de carga.
Cabe destacar que esta vía también está contemplada para el mega proyecto en el puerto de San Antonio.
Con todo, se espera que durante agosto el gobierno pueda entregar una respuesta final al consorcio.
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