El aumento de las restricciones por parte de los municipios respecto a la construcción de nuevos edificios es uno de los desafíos más importantes para la industria inmobiliaria, lo que se acrecentó con la controversia a raíz de los denominados guetos verticales.
“En la medida que los planes reguladores locales sean cada más restrictivos, lo que se produce es una escasez de suelo y eso evidentemente redunda en un alza de precios, tanto como por la compra del terreno, como en la venta del departamento”, asegura el gerente general de constructora e inmobiliaria Santolaya, José Antonio Santolaya, firma que mira con preocupación cómo ha evolucionado el tema, en especial por el efecto que esto tiene en el cliente final.
Santolaya apunta a la falta de un política integral en la que se desarrolle de manera responsable la densificación de la ciudad, y no como ha ocurrido hasta la fecha, en la que cada alcalde decide sobre las restricciones para construir.
“No se entiende mucho que cada comuna pueda hacer de ella un fundo con sus propias reglas, cuando el país y la ciudad invierten en Metro y no se densifique en esos lugares. Tiene que ver con la falta de una mirada de largo plazo y con que alguien que pueda regular esto”, dice.
La mirada de ejecutivo apunta a que es necesario perfeccionar la regulación y no eliminarla ni disminuirla, para que por ejemplo, no se construyan mega edificios en terrenos reducidos.
El desafío, dice, es llegar a un equilibrio entre los requerimientos de los propios usuarios que quieren vivir cada vez más cerca de los centros urbanos y de sus puestos de trabajo, con normas que hagan una construcción responsable.
“Los desarrolladores deben construir soluciones habitacionales que le den dignidad a la gente, que sean amigables con la vida sana de las personas. No me parece bien que haya 800 departamentos en 1.500 metros cuadrados”, sostiene.
Perspectivas para la industria
La compañía maneja una cartera de 45 proyectos en distintas etapas (en algunos recién compraron el terreno) y comunas de la capital, con ventas estimadas por 25 millones de UF, unos US$ 1.000 millones.
De toda la cartera, tienen cerca de 20 iniciativas en construcción, lo que hacen en asociación con otras empresas del sector. Por eso, Santolaya dice que uno de sus objetivos es subir la participación que tienen en cada proyecto, que hoy alcanza el 60% del total de la cartera, un avance frente al 30% que era hace tres años.
A juicio del ejecutivo, el sector se verá impulsado en los próximos meses -especialmente en 2018- por las mejores proyecciones de crecimiento de la economía del país, que serían superiores a las de este año y que influyen directamente en las expectativas de los clientes finales. Esto se suma a las tasas crediticias históricamente bajas.
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