Tres meses han pasado desde que el proyecto Américo Vespucio Oriente I (AVO I) recibió la aprobación de su Resolución de Calificación Ambiental, luego de los tres años que demoró su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Sin embargo, y a pesar de que desde el consorcio a cargo de la iniciativa insisten en que los plazos que ellos manejan para la construcción siguen vigentes, varios alcaldes ya han anunciado que mantendrán su oposición al proyecto, incluso yendo a la Corte Suprema de ser necesario.
Ese es sólo uno de una larga lista de proyectos que a la fecha cuentan con sus permisos ambientales, pero que aún no se pueden materializar.
Son estas obras las que están en la vista del equipo de trabajo del presidente electo Sebastián Piñera, como uno de los objetivos para reactivar la inversión en el corto plazo.
En medio de la campaña, el entonces candidato habló de obras pendientes, con permisos aprobados, por más de US$ 47 mil millones, más otra cifra similar en proyectos en tramitación.
Sin embargo, existe una lista de proyectos que concentran más de US$ 3.000 millones y que serían los que concentrarían el mayor interés para destrabar su camino y concretar este gran paquete de inversiones.
Además de AVO, otros proyectos emblemáticos que se tienen en consideración son la expansión de la mina Centinela, la central eléctrica en base a gas natural El Campesino, y el terminal marítimo GNL Penco-Lirquén, entre otros.
Este impulso se conjugará en el mediano plazo con la oficina de gestión de proyectos de inversión, incluida en el programa de gobierno, la que acompañará el proceso de evaluación de las iniciativas de mayor envergadura, como un símil del ente que funcionó durante el primer período de Piñera con estos mismos fines.
Esta oficina se encargará de generar protocolos de estudio para los servicios, y un reporte continuo a un comité de ministros que supervisará estos avances.
Plan a largo plazo
La otra vía a seguir por el próximo presidente tiene que ver con una profunda reformulación al Servicio de Impacto Ambiental (SEA), con el objetivo de poner al organismo a tono con las exigencias actuales.
Cuentan integrantes de los equipos que trabajaron en el programa de gobierno, que se trata de una idea a largo plazo, que va a requerir de importantes consensos políticos, por lo que incluso podría exceder un período presidencial.
Según se explica en el programa, esa reforma buscará agilizar el sistema “a fin de lograr el desarrollo de procesos más expeditos, con altos estándares de calidad ambiental y en un marco de certeza jurídica”.
Para llevarlo adelante, se utilizarán insumos del gobierno actual, como el informe de la comisión presidencial, y se realizará una evaluación del estándar utilizado por el sistema y compararlo con los procedimientos que se realizan principalmente en Europa y Estados Unidos.
Fuentes conocedoras cuentan que la idea es contar con un Servicio de Evaluación Ambiental con una mayor focalización en los riesgos ambientales que puede producir un proyecto, más que por su tipología, como funciona hoy, y destacan que a pesar de que se busca agilizar los procesos, la exigencia sería mayor.
Un punto que señalan los expertos es que una reforma de este tipo es de carácter urgente, ya que la regulación actual data desde 1997, cuando la normativa ambiental en Chile daba sus primeros pasos y donde no existía el Ministerio del Medio Ambiente.
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