El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir un fallo que calificó de "ilegal" la decisión de la autoridad comunal, que anuló –por primera vez en su historia- el permiso de edificación de un proyecto inmobiliario en la zona de El Golf.
A principios de abril, la Inmobiliaria Nueva El Golf, ligada a Pablo Letelier y Jaime Gana, se anotó un gran triunfo luego que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de protección presentado por la empresa en contra del proceso iniciado por el alcalde Lavín, que terminó en un decreto que anuló el permiso de edificación del proyecto Vespucio 345, que considera la construcción de dos edificios de 19 y 12 pisos en Renato Sánchez esquina Américo Vespucio, con una inversión de US$ 100 millones.
El conflicto se centra en que la superficie del predio del proyecto contaría con menos de 7.500 m2, situación que implicaría una menor constructibilidad. Ante el reclamo de un grupo de vecinos, la iniciativa se mantiene paralizada. Y se pensaba que Lavín le había puesto la lápida.
No obstante, en su fallo, la Corte de Apelaciones señaló que el alcalde Lavín "carece de competencia" para iniciar un procedimiento de invalidación, pues –dijo- no se trata de la revisión de un acto administrativo dictado por esa autoridad, sino que por el director de Obras Municipal, que fue el que otorgó el permiso de edificación.
"El actuar del recurrido no se ajusta a derecho, aun cuando estime que lo hace como máxima autoridad municipal, por cuanto en el ámbito del Derecho Público cada uno de los órganos de la administración del Estado deben actuar conforme a sus atribuciones legales", sostuvo el fallo.
La defensa del alcalde, liderada por el abogado Rogelio Erazo Román, tiene una visión totalmente opuesta. "¿Cómo no va a poder la autoridad máxima de un municipio invalidar un acto administrativo emanado de un funcionario de su dependencia, si detecta que dicho acto administrativo es contrario a derecho?", dice el recurso de apelación.
El abagado añadió que, siendo el alcalde la autoridad administrativa y a su vez la máxima autoridad del municipio, está "plenamente facultado" para invalidar los actos administrativos contrarios a derecho dictados por sus funcionarios subalternos, o cuando éstos omitan intervenir en su eventual invalidación. "El control jerárquico del alcalde recae, entre otras materias, sobre la legalidad y oportunidad de sus actuaciones", dice el escrito.
Junto a esto, la defensa del alcalde destacó que "existen diversos antecedentes" que indican que la superficie total del inmueble en conflicto es inferior a 7.500 m2, en disconformidad con el Permiso de Edificación N° 31, de 2016. "La vulneración de la legalidad urbanística supone la vulneración de los valores que pretenden proteger el urbanismo y la planificación urbana aprobada por el municipio, con la participación de la comunidad", agregó.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Construcción
