Un nuevo litigio por los llamados guetos verticales (como los bautizara el ex intendente Claudio Orrego) enfrenta a una inmobiliaria con un municipio. Pero ahora el escenario ya no es Estación Central: la disputa se trasladó a Conchalí.
La municipalidad liderada por René de la Vega recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir un fallo del tribunal de alzada, que dio luz verde para que la Inmobiliaria Su Ksa levante un proyecto que considera cuatro torres de doce pisos cada una, que suman 836 departamentos, en Avenida Fermín Vivaceta 4330 y 4310. La iniciativa considera 541 estacionamientos, lo que es cuestionado por el municipio, entre otros puntos.
"El Plan Regulador Comunal de Conchalí establece el estándar o requisitos mínimos a considerar para el caso de viviendas; indicando en un cuadro, de forma categórica y no sujeto a interpretaciones, en el caso de viviendas unifamiliares y colectivas, acogidas a la Ley de Copropiedad, que lo requerido es 1 estacionamiento por unidad de vivienda", señala la municipalidad en su escrito ingresado a la Suprema.
La inmobiliaria - ligada a Armando Ide, Daniel Bossonney, Francisco Bascuñán y Marcelo Aste- judicializó el proceso luego que la municipalidad le negara el permiso de edificación, pese a que en 2015 se había cuarsado el anteproyecto. Su Ksa contrató al estudio de abogados Mendoza, Oddo, Mori, Aguerrea & Gillmore y presentó un reclamo de ilegalidad en contra del municipio ante La Corte de Apelaciones.
El tribunal acogió la solicitud y ordenó a la Dirección de Obras Municipales de Conchalí aprobar y otorgar el permiso de edificación al privado. La corte cuestionó al municipio, señalando que procedió en forma arbitraria, limitando el derecho al debido proceso en la tramitación de los antecedentes presentados.
Junto con intentar desacreditar la sentencia del tribunal de alzada, en su escrito a la Suprema, el municipio señala que el anteproyecto se aprobó el 12 de noviembre de 2015 y la solicitud del permiso de edificación fue presentada en la DOM de Conchalí el 18 de noviembre de 2016. "Por tanto, éste se encontraba caduco por el solo ministerio de la Ley; por tanto, no es efectivo el razonamiento de la Corte de Apelaciones, en lo relativo a la modificación del criterio", sostiene. Añadió, respecto a los estacionamientos requeridos, que la Seremi de Vivienda, mediante distintos instrumentos, ha manifestado que el proyecto requiere más aparcamientos de los propuestos por la empresa. Incluso, el municipio cita un informe entregado por el organismo ministerial al Servicio de Evaluación Ambiental (sede en donde la empresa tramita el permiso sectorial), en el que insiste en que según el plan regulador de la comuna, se requiere un espacio para vehículo por unidad de vivienda.
Precisamente, ante el SEA la empresa destacó que el objetivo del proyecto es generar una alternativa de renovación territorial a un sector residencial donde existe la presencia de un predio sin uso actual, mediante la construcción de un proyecto inmobiliario.
Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, dijo que "es evidente que la inmobiliaria intentó aprovecharse de un inexperto Director de Obras Municipales (DOM) que aprobó irregularmente un anteproyecto, acto administrativo preliminar que por razones obvias no pudo originar un permiso de edificación". A ese funcionario, añadió, se le siguió un sumario administrativo. "Quien tendrá la última palabra será la Corte Suprema, instancia judicial superior que deberá fallar sobre el fondo de la contienda, sin perder de vista lo que le dijo el Seremi de Vivienda al Servicio de Impacto Ambiental", remató.
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