Un nuevo litigio por los llamados guetos verticales (como los bautizara el ex intendente Claudio Orrego) enfrenta a una inmobiliaria con un municipio. Pero el escenario ya no es Estación Central, sino que Conchalí.
La municipalidad liderada por René de la Vega recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir un fallo que le que dio luz verde a Inmobiliaria Su Ksa para levantar un proyecto que considera cuatro torres de 12 pisos cada una, que suman 836 departamentos, en Avenida Fermín Vivaceta 4330 y 4310. La iniciativa considera 541 estacionamientos, lo que es cuestionado por el municipio, entre otros puntos.
“El Plan Regulador Comunal de Conchalí establece el estándar o requisitos mínimos a considerar para el caso de viviendas; indicando en un cuadro, de forma categórica y no sujeto a interpretaciones, en el caso de viviendas unifamiliares y colectivas, acogidas a la Ley de Copropiedad, que lo requerido es 1 estacionamiento por unidad de vivienda”, señala la municipalidad en su escrito a la Suprema.
La inmobiliaria - ligada a Armando Ide, Daniel Bossonney, Francisco Bascuñán y Marcelo Aste- judicializó el proceso luego que la municipalidad le negara el permiso de edificación, pese a que en 2015 se había cursado el anteproyecto. Su Ksa contrató al estudio de abogados Mendoza, Oddo, Mori, Aguerrea & Gillmore y presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
El tribunal acogió la solicitud y ordenó a la Dirección de Obras Municipales otorgar el permiso. La corte cuestionó al municipio, señalando que procedió en forma arbitraria.
Junto con intentar desacreditar la sentencia del tribunal, en su escrito a la Suprema, el municipio señala que el anteproyecto se aprobó el 12 de noviembre de 2015 y la solicitud del permiso fue presentada un año después. “Por tanto, éste se encontraba caduco por el solo ministerio de la Ley; por tanto, no es efectivo el razonamiento de la Corte de Apelaciones, en lo relativo a la modificación del criterio”, sostiene.
Añadió, respecto a los estacionamientos requeridos, que la Seremi de Vivienda, mediante distintos instrumentos, ha manifestado que el proyecto requiere más aparcamientos de los propuestos.
Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, dijo que “es evidente que la inmobiliaria intentó aprovecharse de un inexperto Director de Obras Municipales que aprobó irregularmente un anteproyecto, acto administrativo preliminar que por razones obvias no pudo originar un permiso de edificación”.
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