Un total de siete veces se han enfrentado en el Panel Técnico de Concesiones, organismo que dirime disputas en el sector, la concesionaria Ruta de Algarrobo, que construye el tramo La Serena-Vallenar, controlada por la española Sacyr, y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En diciembre se dieron las últimas dos discrepancias, que apuntaba a determinar atrasos imputables al MOP por la demora en la revisión de ingeniería de detalle de las obras y sobrecostos asociados a tres trabajos adicionales.
Respecto a la primera de las aristas, la empresa acusaba que se habían generado 9.731 días de atraso lineal y exigía que la autoridad la indemnizara por UF 1.167.026 y otros UF 113.473 por sobreestadía, que suman unos US$ 53,2 millones.
En cuanto a los sobrecostos por obras adicionales, exigía una indemnización ascendiente a UF 225.285 (unos US$ 9,3 millones). Esto, derivado del aumento de 20% en el costo de edificación de un centro de control de carreteras (espacio que ocupa Carabineros de Chile), modificación en pasarelas peatonales y en el Paso Superior Ferrocarriles.
Tras semanas de análisis, el panel dio a conocer su veredicto y, en el primero de los casos, constató 2.285 días de atraso por parte del MOP, pero no aceptó los pagos que estaban solicitando la española.
En cuanto a los sobrecostos, solo consideró dos de las tres obras señaladas como causantes de mayores gastos, dejando fuera el Paso Superior Ferrocarriles, pues a juicio del panel no contó con respaldo suficiente que justificara la indemnización solicitada. Por el área de control de Carabineros recomendó pagar 39.691 UF y por las pasarelas peatonales 30.144 UF, lo que suma unos US$ 2,9 millones.
Las otras disputas
Esta no es la primera vez que Sacyr recurre al Panel Técnico de Concesiones por este tramo. Anteriormente se habían dado cinco disputas. Tres habían sido 2018 y anterior a eso, ya se había enfrentado tres veces 2016, donde en una oportunidad el problema escaló incluso hasta una Comisión Arbitral, dado que las resoluciones del panel no son vinculantes.
En esa ocasión, la concesionaría había solicitado que se revisaran 156 multas de 30 UTM cada una que les había cursado el MOP por atrasos en las obras del área de control de Carabineros, lo que a su juicio, constituía una “aplicación arbitraria e ilegal”.
El caso no terminó todo el proceso arbitral, dado que las partes llegaron a un acuerdo anticipado, pero “al suscribir la transacción, la sociedad concesionaria no hizo ninguna reserva de derechos que le permitiera con posterioridad reclamar pagos asociados con el área de control de carreteras, que es lo que pretende en esta oportunidad”, explica un escrito en uno de los procesos que recientemente se dio solución.
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