Por Jorge Isla
En una verdadera batalla judicial se enfrentan las sociedades que dieron forma a los megaproyectos Valle Grande y Santo Tomás, desarrollos inmobiliarios ubicados en Lampa que destacan entre los más importantes de las zonas de expansión de Santiago.
La sociedad Dinsa –firma ligada al empresario Pedro Urrutia, que gestionó ambos proyectos entre 2005 y 2009– y su accionista minoritario, Andrés Puigrredón, presentaron un total de tres demandas judiciales contra los actuales controladores de ambos proyectos: las compañías de seguros Consorcio, Bice Vida y Corp Vida.
En dos de estas acciones, los demandantes acusan que la participación de estas tres firmas como desarrolladores, administradores y operadores de Valle Grande y Santo Tomás –a través de Inversiones Inmobiliarias Seguras S.A– ha excedido su objeto social actuando más allá de las normativas que limitan su actuación al giro asegurador y a las actividades afines o complementarias que autoriza la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), tal como establece el artículo 4º del DFL Nº 251 del Ministerio de Hacienda.
Dinsa señala que su objetivo es lograr que la justicia suspenda la operación de estas aseguradoras como gestores inmobiliarios directos de ambos proyectos, tal como lo han venido haciendo en los últimos cuatro años. “Si bien las compañías de seguro invierten en inmuebles –de hecho, están autorizados para tenerlos como reserva técnica– con fines de renta, y también como dueños de la tierra asociados a constructoras o inmobiliarias. Pero la gran distinción es que no asumen la administración, desarrollo y operación de los proyectos como en este caso, con lo cual está infringiendo una norma de carácter público”, señala la abogada Valentina Gutiérrez, quien representa a Andrés Puigrredón.
Sobre el inicio de este conflicto, la profesional explica que luego de la asociación acordada en 2005 entre Consorcio, Bice Vida y Corp Vida –dueñas del suelo– con Dinsa para desarrollar el proyecto, en mayo de 2009 “las aseguradoras sacan a esta firma y crean una sociedad matriz Inversiones Inmobiliarias Seguras, transformándose en desarrolladores, administradores y operadores inmobiliarios, actividades que éstas no pueden realizar de manera directa”. Este argumento es la base de las dos demandas declarativas de “derecho o de mera certeza” interpuestas en junio y julio pasados, ambas radicadas en el 23 Juzgado Civil de Santiago.
Los otros giros en la mira
Aparte del rubro inmobiliario, los demandantes acusan a las tres aseguradoras de operar directamente en otros giros en los que tampoco están autorizadas, como es el caso de los servicios sanitarios para Valle Grande y Santo Tomás a través del control de Novaguas S.A. y BCC S.A. Agregan que en esta misma situación se encuentran los casos de la firmas Empresas Servicios Integrales Valle Grande S.A. (áreas verdes y obras de urbanización) y la Empresa de Transportes El Alfalfal S.A., que provee buses de acercamiento y de la cual poseen el 50%. “Esto viola la normativa vigente que les impone un objeto social exclusivo”, enfatiza Valentina Gutiérrez, quien reitera que “de ser operador, directo o indirecto, de negocios de desarrollo de proyectos inmobiliarios, o las actividades sanitarias o de transporte, no les están permitidos a las sociedades aseguradoras demandadas, ni por sus estatutos sociales ni por norma de carácter general alguna dictada con anterioridad por la SVS”.
En este contexto, los demandantes analizan emprender acciones contra la SVS, para lo cual estudian distintos caminos. “La SVS ha debido utilizar sus facultades legales para impedir las conductas de Bice Vida, Consorcio y Corp Vida. Sin embargo, nada ha ocurrido al respecto. La SVS no ha fiscalizado a las demandadas en relación con los hechos denunciados”, afirman. Por su parte, desde la SVS comentaron que la entidad no ha sido notificada en relación a este caso.
Previamente, Dinsa presentó en mayo pasado una demanda de resolución de contrato e indemnización de perjuicios contra Bice Vida y Consorcio ante el 29 Juzgado Civil de Santiago, buscando la restitución de las sumas pagadas por concepto de primas fijas y variables.
El origen del conflicto
Ubicados sobre un paño de 800 hectáreas del predio "El Alfalfal" en Lampa, los proyectos Valle Grande y Santo Tomás se iniciaron a fines de 2005 iniciando un proceso con un horizonte de desarrollo que apuntan a unas 24 mil viviendas en 20 años. Desde 2006 están en poder de las compañías de seguro Consorcio, Corp Vida y Bice Vida–asociadas e Inmobiliarias Seguras S.A.–, y hoy funcionan como un solo proyecto.
Hasta 2009 la gestión estuvo en manos de Dinsa, una sociedad controlada por Nova Terra, empresa ligada a la familia Urrutia. Su salida comenzó a concretarse a fines de 2008 cuando en la crisis financiera internacional e incapaz de resistir el impacto por la caída de las ventas, Dinsa renunció a la administración de los proyectos en mayo de 2009 y se firmaron nuevos contratos entre las partes.
En esos contratos se traspasaron todos los activos de Dinsa a las aseguradoras y la firma sólo pasó a tener una opción de compra sobre el proyecto.
Ante esta situación, Dinsa presentó una demanda de resolución de contrato e indemnización de perjuicios.
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