Luego que a fines de enero la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) planteara en el Congreso sus observaciones respecto a la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), este martes asistió otra rama de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a la comisión de Medio Ambiente del Senado. En la segunda sesión tras el receso legislativo, el turno esta vez fue de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), gremio que reconoció aspectos positivos, pero planteó también diversas preocupaciones.
El análisis de la entidad respecto a este proyecto se centra –dijeron- en revisar la relación entre el pacto fiscal y las modificaciones que se plantean en materia de legislación ambiental. “Hemos visto que en algunas de ellas no se alinean a la prioridad urgente de reactivar la economía”, señalaron de entrada.
Pilar Pantaleon, abogada de la gerencia de asuntos regulatorios de la CChC e integrante del consejo nacional para la sustentabilidad y el cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente, comenzó su análisis valorando la forma en que se construyó este proyecto y también algunas de las modificaciones propuestas en cuanto a unificación de las vías de impugnación de las Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que "reduce bastante los plazos y las incertezas".
A esto sumó la solución que se está dando a las consultas de pertinencia para aquellos proyectos que ya cuenten con calificación y su utilidad también para materias penales en el marco de la ley de delitos ambientales”. "Y también aquellas materias de la participación ciudadana temprana y la eliminación del concepto de carga ambiental también en la materia que viene a despejar algunas dudas", añadieron.
Respecto al proyecto, instalaron su atención en la eliminación del Comité de Ministros, ya que –a su juicio- “no elimina falta de certeza jurídica porque concentra en una sola persona la decisión”. La misma tónica se da con la eliminación de las Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva).
En cuanto al fortalecimiento del SEA, la abogada aseguró que les preocupa el informe financiero y también que se contemplan solo un aumento de 13 funcionarios para todo el país. “Se incrementan actividades que dicen relación con la participación ciudadana, y eso conlleva una mayor actividad en terreno y no hay recursos para eso”, advirtieron, en línea con la inquietud levantada por la asociación de funcionarios de la entidad.
También, precisaron que la línea de base pública que señala el pacto fiscal, y que la proporcionalidad y finalidad de permisos ambientales sectoriales no se contempla en el proyecto de ley.
Con respecto a la minimización de riesgos del retroceso de un proyecto por motivos distintos a recursos judiciales o administrativos, se plantearon varios comentarios. Al respecto, el gremio afirmó: “Nuestra mayor preocupación es el término anticipado de evaluación mediante el fraccionamiento. No hay vinculación con los objetivos del pacto fiscal, en especial porque no otorga certezas jurídicas e incluso las agudiza”.
Según explicó el gremio, "el fraccionamiento exige acreditar la intencionalidad de fraccionar, análisis que no resulta expedito y sencillo, y menos cuando no se tienen las facultades para fiscalizar e investigar como ocurre con el SEA, que, a diferencia de la SMA, se le han cuestionado en sede judicial la forma en que se determina casos como estos".
“El fraccionamiento es un presupuesto para la elusión al SEIA, que con la nueva ley de delitos económicos y ambientales adquiere la categoría de delito. Una acusación de esta envergadura no es algo meramente administrativo”, agregaron.
En esa línea, comentaron que el proyecto de ley no aborda la forma en que se impugnan las resoluciones de término anticipado, dado que hasta ahora sólo son objeto de una reposición administrativa y no judicial. "Sumado a ello, con el criterio de la Corte Suprema tampoco serían objeto de casación, en el improbable caso que pudiesen llegar a instancias judiciales", se planteó.
La discusión
Los senadores plantearon sus dudas respecto al silencio negativo, la cantidad de funcionarios del SEA, el recurso único y el proceso de participación ciudadana temprana. Frente a la consulta de la senadora Paulina Núñez de cómo este proyecto podría ayudarles para reactivar la actividad, la CChC aseguró que, “si bien en el mensaje del proyecto vemos muy buenas intenciones, pero no vemos coherencia en esas intenciones con lo que quieren lograr. Creo que no se quieren tener las conversaciones que se requieren tener”.
En su turno, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, reforzó que el proyecto de ley se modificó para que tuviese los elementos de reducción de tiempos y plazos. Y recalcó que nada de lo que hay en el proyecto aumenta el plazo.
En la cita también expuso el Centro de Políticas Públicas de la PUC y, en un carril paralelo, el profesor de Derecho Ambiental PUC y también Director del Programa Derecho y Medio Ambiente de esa misma casa de estudios, Ricardo Irarrázabal. Este último planteó que el recurso de reclamación único está muy bien, pero “el problema es que la invalidación administrativa ambiental, la modificación, no quedó bien redactada y es muy confusa”. Además, a su juicio, el tema del registro de consultores que propone el proyecto es “complejo”.
“Debiera existir un registro abierto y algún procedimiento cuando exista un delito ambiental acreditado en temas de información”, dijo. En esa línea, alertó que “estamos generando un monopolio de consultoras ambientales para llevar adelante este trabajo y ojo que eso puede ser fuente de corrupción”.
Asimismo, calificó como discutible la distribución de la carga de la prueba.
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