La segunda jornada de discusión en particular de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se realizó este lunes en la comisión de Medio Ambiente del Senado. Si bien en la primera cita el Ejecutivo explicó sus indicaciones donde aprovechó además de comentar algunas presentadas por los parlamentarios, ayer el Gobierno sinceró directamente sus observaciones por los ajustes.
La instancia acordó empezar a votar las indicaciones en la sesión de la comisión inmediatamente después de la semana distrital (lunes 26 de agosto). La metodología sería aprobar primero en un sólo paquete los articulados que no son sujetos de indicaciones, sacando aquellas en las que no se han planteado ajustes pero se relacionan con los artículos que sí las tienen.
"Mi idea es poder sacar este proyecto ley lo antes posible y ojalá durante el mes de octubre pueda estar ya en la Cámara, porque me da la impresión de que esto va a terminar en mixta. Hoy, por lo que he visto en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, esto va a terminar en mixta", planteó el presidente de la instancia, Sergio Gahona.
En cuanto las funciones, atribuciones y gobernanza del SEA, generó comentarios una materia que involucra una indicación de los senadores de oposición en que se establece un Consejo Directivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con atribuciones generales de dirección del Servicio.
El jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Sebastián Aylwin, sostuvo que "el componente probablemente el más relevante de un órgano de estas características que es resolver la calificación de los proyectos, el Ejecutivo se está haciendo cargo de esta preocupación a través de la creación del Consejo de Reclamación Ambiental, que también es un órgano colegiado de características bastante similares a este Consejo Directivo, pero con funciones más acotadas".
Según explicó, el Ejecutivo cree que es importante acotar estas funciones básicamente porque el SEA es un Servicio complejo que tiene 16 direcciones regionales y más de 300 funcionarios. "Nos parece muy importante que la gestión día a día del Servicio esté en una autoridad unipersonal, que es la Dirección Ejecutiva del Servicio, el cual con la creación del Consejo de Reclamación Ambiental creemos que incluso puede tener un perfil mucho más enfocado en la gestión, como es propio de estos Servicios que son más complejos".
Pero, respecto de la resolución de la calificación de los proyectos, indicó que "quedaría entregado a un órgano colegiado y de esa manera también como Ejecutivo estamos haciéndonos cargo de la preocupación que así fue manifestada en las audiencias y también por los senadores".
Puntos aún en discusión
Uno de los temas que generó más debate fue el procedimiento de urgencia respecto a las indicaciones presentadas que -por ejemplo- incorporan nuevas hipótesis. También se dedicaron varios minutos de la discusión para abordar las consultas de pertinencia y las declaraciones juradas.
Respecto a este último punto, la senadora Isabel Allende reconoció que "es uno de los temas que vale la pena que le demos bastante más vueltas", agregando que "nunca me ha terminado de convencer en la forma en que está". Mientras, sobre las consultas de pertinencia, dijo no estar de acuerdo con la indicación de -entre otros- los senadores Gahona y Francisco Chahuán en la que sugieren un reconocimiento legal de estas entregándole un carácter vinculante. Para el Gobierno, el ajuste propuesto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
"Dado que la consulta de pertinencia no es una evaluación ambiental, el dejarla vinculante, es una desprotección al medio ambiente, porque no es una evaluación completa. Además, recordemos que las consultas de pertinencia se están realizando muchísimo y hemos querido descomprimir al SEA de esa actividad a través de esta opción de la declaración jurada para que justamente el SEA pueda abocarse a hacer la evaluación ambiental", cuestionó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Vacancia general de la ley
Respecto a las disposiciones transitorias, Aylwin informó que "como Ejecutivo, tomamos la decisión de proponerle a esta comisión que la ley, en el caso de ser aprobada, tenga una vacancia general toda la ley por un año y medio". Esto, ya que otra de las disposiciones transitorias dispone que existirá un plazo de un año para dictar los reglamentos.
"La verdad es que si uno hace un análisis de las materias que estamos tocando, todas requieren modificación reglamentaria (...). Nos parece que una vacancia general de un año y medio no es excesiva, es acotada y permitiría una buena implementación de la ley. Además, estamos incorporando, dentro de las disposiciones transitorias, normas transitorias para la designación de los consejeros del Consejo de Reclamación Ambiental, de tal manera que se genere este nombramiento intercalado entre los consejeros del Consejo", explicó Aylwin.
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