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REGÍSTRATE AQUÍMinera se defendió descartando casos de nepotismo y vinculaciones políticas acusadas por el fiscalizador.
Por: Tomás Vergara P.
Publicado: Jueves 21 de septiembre de 2017 a las 04:00 hrs.
Un nuevo capítulo del conflicto entre Codelco y Contraloría se escribió ayer en la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por los contratos cuestionados a la empresa estatal.
En su exposición, Jorge Bermúdez, deslizó la existencia de hechos de corrupción al interior de la cuprífera, y aunque aclaró que en los contratos investigados entre 2013 y 2015 no se detectaron hechos como sobornos o pagos de coimas, hubo otras irregularidades. “Uno entiende que cuando se privilegian los lazos familiares, más que el mérito, claramente hay corrupción”, dijo Bermúdez en el Congreso.
Otro de los tópicos abordados por el fiscalizador fue la existencia de vínculos políticos dentro de los contratos que fueron investigados en el Informe 900, que cuestiona más de US$ 783 millones en acuerdos.
Ante las preguntas de los parlamentarios, el contralor descartó que el foco de la auditoría fuera destapar una operación política, pero que dentro de la información reservada que pudieron recabar, existía al menos un contrato que revelaba una clara relación de ese tipo. En la sesión reservada donde se abordó este punto, Bermúdez habría señalado que se refería a los pagos realizados a Sistemas Consultores, empresa vinculada al ex diputado Jorge Insunza.
En el informe secreto, la Contraloría cuestiona que “los servicios contratados, no guardan relación con los efectivamente realizados, no dándose cumplimiento al contrato en cuestión”, haciendo alusión a que en los informes emitidos aparece información obtenida de los medios de comunicación, “presentada en los informes casi de la misma forma que fue extraída, lo que contraviene los principios de control, eficiencia y eficacia”.
Bermúdez hizo un llamado al Ejecutivo a elevar los recursos con los que cuenta el organismo que lidera, ya que tras la demanda impulsada por Codelco, se han visto obligados a redistribuir al personal administrativo, retrasando la tramitación y revisión de decretos tarifarios, planes de descontaminación o los contratos de operación del litio, entre otros.
“Esperamos una señal, que nos apoyen desde el Ejecutivo para suplir las carencias que tenemos”, remató Bermúdez sólo a días de que comience la discusión del presupuesto público para 2018.
El abogado Luis Cordero, integrante del equipo defensor de la minera, sostuvo que “en opinión de Codelco, no existen actos de nepotismo ni nada parecido. Lo que la empresa ha planteado es estrictamente sobre cuál es el estatuto que se debe aplicar”.
Respecto a la vinculación política, Cordero aseguró que el contrato con Sistema Consultores fue terminado por el actual gobierno corporativo de la estatal “quien tan pronto tuvo conocimiento, le puso término”.
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