Con renovado optimismo, aunque aún lejos de cantar victoria, vive sus días el proyecto minero-portuario Dominga de Andes Iron (relacionada a la familia Délano Méndez), que volvió a ubicarse al centro del debate después de que el Primer Tribunal Ambiental (1TA) revocara el rechazo del Comité de Ministros a la iniciativa, apuntando a “vicios” y cuestionando una serie de sus consideraciones.
La sentencia unánime, aborda en sus casi 250 páginas las razones por las que la instancia ministerial actuó de forma “ilegal”, vulnerando los principios de “Cosa Juzgada, de Confianza Legítima y Razonabilidad, y de Imparcialidad Administrativa”.
Con el fallo, se restablece la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de US$ 2.500 millones ubicado en la comuna de La Higuera y se ordena al Comité de Ministros -que no podrían ser los mismos titulares que votaron en enero de 2023- dictar una nueva resolución en un plazo de 15 días.
El fallo exige que se acate plenamente la sentencia previa del Tribunal que ya había analizado los aspectos técnicos y legales del proyecto, así como los pronunciamientos de órganos de la administración del Estado con competencias ambientales (OAECA).
Hace 10 años que Dominga inició su proceso ambiental y esta es la tercera vez que el Tribunal se pronuncia. Hoy, el presidente de Andes Iron es el ingeniero comercial Carlos Alberto Délano Méndez y el gerente general, el ingeniero civil Pedro Ducci. Desde lo legal, la firma contó con la asesoría y representación de Patricio Leyton, socio de FerradaNehme.
La dueña de Dominga declaró ayer que “como inversionistas pedimos certeza para poder materializar el proyecto en el menor plazo posible” e hizo ver que “en tres oportunidades diferentes el Tribunal Ambiental de Antofagasta –en total, nueve jueces diferentes– ha confirmado que Dominga se ajusta plenamente a la institucionalidad ambiental”.
Y enfatizó: el proyecto “ha sido validado en todas las instancias técnicas y judiciales a las cuales ha sido sometido”.
MAISA ROJAS, MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE
“En el Comité de Ministros siempre hemos tomado decisiones técnicas en base a lo que nos recomienda el SEA.
Quisiera decir algo que es muy relevante: yo soy la ministra de Medio Ambiente. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi misión?Mi rol es resguardar el medioambiente y el Archipiélago de Humboldt es una zona de altísimo valor mundial”.
MARIO MARCEL, MINISTRO DE HACIENDA
“Esto demuestra que la institucionalidad de todas maneras funciona”, dijo respecto a la señal que muestra el fallo al resto de los proyectos de inversión.
NICOLÁS GRAU, MINISTRO DE ECONOMÍA
“Esta votación hay que repetirla”.
Sobre la reforma a la ley que regula el SEA, indicó: “Nuestra propuesta es que deje de existir el Comité de Ministros”.
JAIME GAJARDO, MINISTRO DE JUSTICIA
“Los Tribunales Ambientales actúan dentro del marco de sus competencias y, por ende, tendremos que revisar el fallo para ver si nos corresponde o no tomar algún tipo de acción”.
JORGE RIESCO, PRESIDENTE SONAMI
“Queda bastante claro que Dominga es perfectamente factible en todos sus aspectos medioambientales. Hacemos un llamado a las autoridades a cumplir prontamente lo resuelto”.
JOAQUÍN VILLARINO, PDTE. EJECUTIVO CONSEJO MINERO
“No hay razones de fondo para seguir judicializando el proyecto, invito a las autoridades a abandonar la vía judicial y a sentarse a conversar sobre un acuerdo definitivo. Cuidado ambiental y crecimiento deben ser compatibles”.
RICARDO MEWES, PRESIDENTE DE LA CPC
“Dominga cumple con todas las exigencias. Esperamos que en las nuevas instancias las decisiones se ajusten a derecho y se prioricen los estándares ambientales con criterio técnico, por sobre la política”.
Las claves de la sentencia
El fallo se funda en que el Comité de Ministros actuó ilegalmente al acoger 12 recursos de reclamación interpuestos por personas y organizaciones que presentaron observaciones ciudadanas, sobre materias que ya habían sido abordadas en la sentencia dictada por el Tribunal el 16 de abril de 2021, que se encontraba firme y ejecutoriada.
Se trata de reclamaciones contra la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Coquimbo, donde, en una segunda votación, se aprobó el proyecto Dominga con condiciones, calificando su Estudio de Impacto Ambiental como favorable en 2021.
Sin embargo, al acoger dichos reclamos, la sentencia determinó que el Comité de Ministros “abordó materias en las que el Tribunal había descartado la existencia de vicios que ameritan una calificación desfavorable del proyecto”. También lo acusó de “arribar a conclusiones diversas a lo determinado por esta judicatura”, pese a que los recursos de casación que se habían presentado fueron rechazados por la Corte Suprema.
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Por otro lado, la sentencia considera que los ministros actuaron ilegalmente al dictar la resolución de las reclamaciones administrativas fuera del plazo fatal. Lo anterior, por tardar 577 días corridos, excediendo ampliamente el plazo de 60 días que establece la legislación.
Otro de los factores que llevaron al tribunal a anular la decisión del Comité fue la de la inhabilidad que deberían haber ejercido algunos de sus miembros por haberse pronunciado respecto al proyecto.
Es más, el fallo utiliza de ejemplo el proceder del ministro de Economía, Nicolás Grau, al haberse inhabilitado cuando el Comité de Ministros resolvió reclamaciones relacionadas con el proyecto Los Bronces Integrado, por haberse referido a una eventual votación favorable. La sentencia destacó que la decisión de Grau permitió evitar cuestionamientos a su imparcialidad, “obrando conforme con la probidad administrativa”.
Sin embargo, el Tribunal calificó como una “infracción al principio de imparcialidad de manera sustantiva” el que las ministras de Minería, Marcela Hernando en esa época, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas, votaran en la instancia “pese a haber emitido pronunciamientos y declaraciones en contra de Dominga”.
Cabe destacar que un dictamen de la Contraloría concluyó que las opiniones previas de los ministros, en su mayoría emitidas antes de asumir sus cargos, no constituían un conflicto de intereses ni afectaban su imparcialidad.
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El fallo también realiza un profundo análisis sobre los aspectos técnicos que motivaron la calificación negativa del proyecto por parte de los ministros, concluyendo, entre otros puntos, que la determinación y justificación del área de influencia, así como la caracterización de la línea de base se ajustaron a lo exigido en la normativa y estándares técnicos aplicables.
Asimismo, el Tribunal descartó la existencia de defectos en la evaluación y predicción de los impactos de Dominga asociados a las emisiones de Material Particulado Sedimentable (“MPS”), a los recursos hídricos, al medio marino y al valor turístico.
Para el reconocido abogado de litigios ambientales, Lorenzo Soto, quien ha liderado la oposición legal de varios proyectos mineros e hidroeléctricos, “no es de extrañar que una vez más el Comité de Ministros incurra en ilegalidad siendo un órgano completamente politizado y deslegitimado”. Tras analizar la sentencia, opinó que “el Tribunal cumple con su deber y actúa dentro de su competencia”.
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¿Qué viene ahora?
El fallo ordena a un renovado Comité de Ministros volver a votar las reclamaciones en contra de la RCA del proyecto en un plazo de 15 días. Similar lapso tienen los opositores para interponer ante la Corte Suprema un recurso de casación en contra de la decisión del Tribunal Ambiental. Desde Oceana y Alianza Humboldt ya anunciaron que ese será su camino.
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La casación por sí sola, explicó un experto, no frena la orden de la votación del Comité, por lo que además debe solicitarse la suspensión de los efectos del fallo.
En ese caso, en la Suprema se abrirían tres escenarios posibles: declarar inadmisible los recursos de casación, por determinar que hay una etapa administrativa pendiente (el Comité de Ministros); rechazar los recursos, tal como hizo la vez anterior; o acoger los recursos de casación y declarar ilegal el actual fallo del Tribunal, rechazando el proyecto.
Sea como sea, expertos consideran que la Suprema tardaría, a lo menos, entre ocho y doce meses en dar a conocer su decisión.
La nueva Tercera Sala que revisaría el caso en la Corte Suprema
De llegar el caso de Dominga a la Corte Suprema, sería la tercera vez que la Tercera Sala revisa fallos y/o recursos en torno al proyecto. Sin embargo, los miembros no son los mismos.
La última vez, en mayo de 2022, dicha instancia rechazó en forma y fondo los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de abril del 2021 del Primer Tribunal Ambiental (ver nota principal). Votaron por el rechazo los ministros Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, por considerar que aún quedaban instancias pendientes, como el Comité de Ministros. El voto en contra fue del presidente de la Sala, Sergio Muñoz, quien fue del parecer de pronunciarse respecto a los vicios de casación y los errores de derecho denunciados por terceros.
Tras la destitución del juez Muñoz y la inhabilitación de Vivanco, la Tercera Sala aún cuenta con Adelita Ravanales, actual presidenta, y el ministro Jean Pierre Matus. Se suman a ellos, el ministro Diego Simpertigue y los abogados Angélica Benavides y José Miguel Valdivia.
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