Por Juan Manuel Villagrán S.
A la falta de energía eléctrica con precios competitivos en la minería chilena, se suma la creciente dificultad de obtener agua por razones de escasez del recurso hídrico dulce. Frente a este magro panorama, las grandes mineras han comenzado a mover sus fichas para obtener este recurso y dentro de las opciones está instalar sus propias plantas desalinizadoras de agua de mar. Sin embargo, las mineras medianas no tendrían la capacidad para financiar por sí solas estas obras, pero ya están surgiendo iniciativas de plantas desaladoras abiertas, como la Planta de Agua Oceánica de Mejillones, que ya se presentó al Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El proyecto desarrollado por la firma RyQ Ingeniería, se presentó como iniciativa privada de concesión y se encuentra actualmente en estudio en el MOP. La planta tendría un costo de inversión de US$ 300 millones y ofrece una solución integral a gran parte de la demanda de
agua dulce de la minería de la II Región. El proyecto
consiste en una planta desalinizadora ubicada en Mejillones, con una capacidad inicial para producir 1 m³/s de agua dulce, y una red de impulsión de 340 Km para llevar el agua hasta 2.700 metros de altura.
La red de impulsión contaría con una cañería principal que iría desde la planta hasta las cercanías de la localidad de Baquedano. En este punto la red se dividiría en dos tuberías, una que cubriría a las faenas que están en el sector de Sierra Gorda y Calama, y otra que abastecería a las que se ubican en la Cordillera de Domeyko.
La iniciativa busca generar una economía de escala y alternativa a la opción de que cada faena tenga su propia planta desalinizadora y su propio sistema de impulsión.
Se estima que el costo por m³ de agua desalada sería de US$ 1. A esto que habría que agregar el costo de transporte, el cual dependerá de la altura y la distancia a la que se entregue el agua. Se estima que en los puntos terminales, Calama y Cordillera Domeyko, este costo sería inferior a 3 US$/m³.
El proyecto fue pensado como una iniciativa privada de concesión a 20 años que podría ser relicitable. Las alternativas de financiamiento del proyecto se verán después de la declaración de interés público.
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