Inquietud en parte de la industria del reciclaje generó el anuncio de CCU, Embotelladora Andina y Embonor -principales productoras de bebidas en el país- del establecimiento de una alianza para realizar en conjunto el diseño, la construcción y explotación de una planta capaz de procesar envases PET.
En noviembre de 2020, las firmas dieron a conocer la conformación de un “memorándum de entendimiento” que establece condiciones preliminares de un acuerdo de inversión y de un pacto de accionistas. La iniciativa se realizará a través de una nueva sociedad de propiedad compartida entre Fábrica de Envases Plásticos S.A. (Plasco) -filial de CCU- y Envases CMF S.A., sociedad anónima cerrada coligada a Embonor y Embotelladora Andina.
El proyecto se enmarca dentro de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que implicará la entrada en vigencia de una meta que obligará a las empresas a hacerse cargo de su recolección de plástico.
En su anuncio, las partes señalaron que deberán contribuir a la nueva sociedad la cantidad de US$12 millones, así como a comprar una determina cantidad de PET reciclado. Eso sí, agregaron que “dentro de los términos y condiciones se contempla, entre otros, reservar cierto porcentaje de su producción para ser vendido a cualquier tercero interesado, en las mismas condiciones comerciales que las contratadas por sus accionistas”.
Proceso en la mira del sector del reciclaje
Esta noticia inició su primer capítulo cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) comunicó su decisión de iniciar una investigación para “determinar la naturaleza del convenio celebrado y caracterizarlo, junto con analizar los eventuales impactos en la competencia de la operación”. Esto, después que las empresas notificaran la operación.
Pero en estos días han aumentado las preocupaciones en la industria del reciclaje. Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), gremio que reúne a 40 empresas del mercado, considera que este proyecto podría generar cambios “importantes” en el sector de tratamiento y valorización de envases y embalajes, específicamente en el reciclaje de botellas de PET post consumo.
“Estamos hablando de una operación de concentración entre los grandes actores de la industria de las bebidas (estas empresas comercializan y distribuyen los productos de las compañías PepsiCo y Coca-Cola) y de la integración vertical entre la sociedad recicladora anunciada y sus dueños, quienes a su vez son parte de los principales compradores de PET para la fabricación de botellas”, explica Navech.
En esa línea, dicen que en virtud de la ley sobre responsabilidad extendida del productor, los controladores de esta nueva sociedad deberán constituir un Sistema de Gestión, el que a su vez deberá realizar, para el cumplimiento de sus metas de recolección y valorización de sus botellas de plástico usadas, procesos de licitación competitivos con gestores de residuos que recolecten y valoricen la botellas desechadas, estando dentro de ellos la nueva empresa creada.
“Por supuesto que existen riesgos para la industria valorizadora actual. En el corto plazo se encontrarían con escasez de abastecimiento de botellas usadas y el poco que podrían conseguir para convertirlo en rPET no lo podrían vender a las embotelladoras pues ya su propia planta, convenientemente, le entregaría directamente el material para crear nuevas botellas”, agrega.
Felipe Dutilh, gerente general de Typack-Recipet, empresa socia de ANIR, señala que “nos preocupa esta alianza de los dos grandes competidores que además son los más grandes consumidores de PET, donde se integrarían verticalmente en un proyecto como este. Entonces sí, vemos un riesgo y vemos una operación de concentración importante”.
El caso está en manos de la Fiscalía, la que deberá analizar el mercado objetivo en que se desarrolla el negocio para evaluar sus riesgos.
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