Por medio de un comunicado oficial la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia informó que emitió una orden administrativa a Rappi S.A para que haga el cumplimiento de la normativa de comercio electrónico, y además formuló cargos por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor.
Como reza en el documento "esta decisión se imparte luego de analizar la naturaleza del modelo de negocio de la sociedad en mención, donde se concluyó que ésta funge como proveedor o expendedor de bienes y servicios a través de medios electrónicos (plataformas de comercio electrónico), superando el alcance de los portales de contacto, por lo que ahora debe cumplir con las disposiciones del Estatuto del Consumidor".
Según explicó el órgano de control esta decisión se tomó después de probarse que Rappi "suministra la herramienta tecnológica para la materialización de relaciones de consumo, obtiene un porcentaje de los valores transados a través de sus plataformas, participa en la realización del pago, emite publicidad, realiza promociones y ofertas, y otros aspectos".
Una de las primeras acciones que deberá realizar el unicornio latinoamericano es ajustar las cláusulas del documento términos y condiciones, ya que "algunas disposiciones podrían vulnerar las normas del Estatuto del Consumidor".
Otra de las decisiones que informó la entidad de vigilancia es que ahora Rappi deberá: informar en sus plataformas de comercio electrónico "el precio total de los productos, incluyendo todos los impuestos, costos y gastos, sin que sea posible la modificación posterior al momento de aceptar la orden de compra y también deberá disponer de un enlace visible que posibilite al consumidor contactar a la autoridad de protección al consumidor de Colombia".
Rappi deberá acatar y hacer el cumplimiento de esta orden dentro de 30 días hábiles, o su incumplimiento puede hacer que deba pagar una multa de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes.
En lo que respecta a la formulación de pliego de cargos, esto se informó luego de una presunta vulneración a las normas de protección al consumidor que está relacionada con: publicidad engañosa, cláusulas abusivas, calidad y otros aspectos, después de estudiar las más de 750.639 quejas que se presentaron entre abril y octubre de 2018.
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