No hubo acuerdo en la disputa entre Cencosud y el gobierno argentino por la propiedad de un terreno de más de 20 hectáreas en la zona de San Isidro, en Buenos Aires. En el paño, la compañía liderada por Horst Paulmann busca levantar un proyecto ícono, que incluye un centro comercial, tres torres de 14 pisos y seis condominios habitacionales de cuatro pisos cada uno. Todo con una inversión superior a los US$ 600 millones.
Hace unas semanas, la justicia del vecino país citó a una reunión para explorar una salida al conflicto, pero todo quedó en nada. “Se invita a las partes a una conciliación, de la cual manifiestan que si bien hubo un acercamiento a ello, no se llegó a ningún acuerdo”, dice una resolución firmada por el juez federal que lleva la causa, Patricio Maraniello.
El terreno fue adquirido por Cencosud tras una licitación del gobierno trasandino en 1996: pagó US$ 22 millones, y gastó otros US$ 4 millones para sanear la zona, pues allí operó una firma estatal dedicada a la gestión de aguas servidas.
No obstante, en octubre de 2016 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Argentina -organismo símil al Ministerio de Bienes Nacionales- presentó una demanda en contra del grupo chileno con el objetivo de que el terreno vuelva a manos del Fisco. Según el organismo argentino, Cencosud habría incumplido una “condición esencial” del contrato, respecto de los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico.
La empresa ha negado las acusaciones, e incluso amenazó con recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Según la empresa, desde 1999 se ha visto constantemente “privada por parte de la administración –provincial y municipal-, de avanzar con el proyecto pactado”. Incluso recordó que en 2008 se celebró un acuerdo conciliatorio con dichas partes.
“(El Estado argentino) luego de haber vendido y cobrado el precio de un inmueble hace más de dos décadas, pretende recuperarlo, sin expropiarlo, comprarlo ni pagar un centavo por el mismo (…). Ese proceder puede ser calificado de muchas maneras, pero de ningún modo puede decirse que sea la conducta ética que se espera –y que es exigible- de la administración”, dijo en su defensa Cencosud.
En respuesta, Argentina solicitó a la justicia que pida al Ciadi abstenerse de abrir un proceso en caso de que sea solicitado por la empresa o alguno de sus accionistas.
“Las voces de la comunidad”
Como parte del juicio, ahora viene la etapa de prueba testimonial ofrecida por la compañía liderada por Paulmann, para lo que el tribunal propuso que se realice a través de una audiencia extrajudicial.
“En atención al interés público y social de estas actuaciones y con fundamento en (…) la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales (la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y toda vez que la decisión involucra actos de grave trascendencia social, corresponde escuchar las voces de la comunidad en una audiencia pública convocada al efecto”, dice la resolución firmada por el juez.
En la misma se añade que la audiencia “es un acto jurisdiccional necesario e indispensable”, para lo cual se debe establecer previamente un reglamento que va a regir dicho acto. Hasta el cierre de esta edición, aún no se fija una fecha para la audiencia.
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