En un hecho inédito en la industria de retail, la Asociación de Marcas del Retail (AG) realizó a inicios de octubre un procedimiento no contencioso de consulta al Tribunal de Defensa de La Libre Competencia, buscando que se analicen los contratos de arrendamiento vigentes de los miembros de la agrupación y otros hechos que consideran podrían contradecir la libre competencia.
La arremetida venía pensándose hace un tiempo atrás, debido a la queja de cerca de 150 marcas asociadas -como CasaIdeas, Guante, Limonada y Samsung- por las relaciones contractuales con los malls que sentían que eran "muy autoritarias, desiguales y había una impresión colectiva de que habían cosas que se necesitaban zanjar", explica Paula Valverde, presidenta de la asociación que nació a fines de 2019.
"Dado el poder de los centros comerciales empezamos a entender que había que hacer una agenda de conversación para poder plantear lo que nos parecía eran relaciones contractuales injustas para nosotros", agrega Valverde en compañía de Cristián Saieh, vicepresidente de AG.
Según detalla, golpearon varias puertas de distintos operadores para discutir la problemática; sin embargo, dice que no recibieron respuesta favorable de ninguno de ellos. Así, tomaron la decisión de delegar a Gana & Gálvez Abogados un estudio con el objetivo de revisar los contratos de arrendamiento de locales y/o salones de venta que diferentes afiliados han celebrado con diferentes centros comerciales. Los miembros de la AG no accedieron a información estratégica de sus competidores.
"Ellos (los centros comerciales) planteaban que, por criterios de libre competencia, no podían hablar con nosotros, pese a nuestros esfuerzos. Cuando te cierran las puertas para conversar, la única alternativa es ir a un tercero (TDLC) y que analice si se produce riesgos anticompetitivos que nosotros entendemos se pueden producir", agrega el abogado José Miguel Gana.
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El documento fue ingresado al TDLC el 2 de octubre y aún no es admisible por el tribunal. Explican que los centros comerciales abusan de una posición de dominancia conjunta, cobrando rentas supra competitivas, exigiendo pagos por otros conceptos y que, desde su definición, son excesivos.
Esto, porque dicen que en los contratos revisados, la mayoría de los centros comerciales cobra un mismo porcentaje de los ingresos netos por concepto de valor porcentual mensual, cobra mismo porcentaje de la renta para el fondo de promoción y duplica el valor de los arriendos en diciembre de cada año.
"Lo importante es que aquí se visualiza la existencia de una serie de cláusulas y comportamientos que entendemos pueden afectar en términos anticompetitivos al desarrollo de los distintos asociados, y es por lo mismo que dado que no se conoce la totalidad de la información, entendemos que debe ser un tercero que adopte las decisiones pertinentes", agrega el experto.
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La asociación acusa que, a partir de los gastos comunes, no saben qué se cobra y por qué se les cobra; por eso buscan mayor transparencia en el proceso. Con la acción ante el tribunal, que enfatizan no es una demanda ni se buscan sanciones, se pretende que los contratos y la relación con los centros comerciales se desenvuelva en términos competitivos, que exista transparencia y que exista mayor interacción entre partes.
"Cuando hay una parte que asume prácticamente de manera integral los riesgos, cuando hay una parte que no sabe qué está pagando y el por qué, cuando no sabe por qué razón se cobra una determinada renta y cómo se relaciona con las rentas que pagan los demás, se espera que la competencia se desenvuelva en términos trasparentes", dice Gana.
Respuesta del gremio y Parque Arauco
En una declaración, la Cámara de Centros Comerciales -que cuenta con 15 asociados que operan en conjunto 150 establecimientos de Arica a Punta Arenas- señala que la consulta de la asociación ante el TDLC "se suma a varias otras gestiones que la agrupación empresarial, representante de un sector de las marcas presentes en los centros comerciales".
Y apunta que desde octubre del año pasado, "la mayor parte de nuestros asociados ha buscado alternativas para apoyar a los arrendatarios, modificando transitoriamente sus contratos en relación al pago de rentas, gastos comunes, horarios de funcionamiento, etc. Los centros comerciales y las empresas que desarrollan sus actividades en ellos son socios que necesitan trabajar en conjunto para recuperarse de una crisis que ha afectado a todo el sector".
Mientras tanto, Parque Arauco respondió ante el TDLC la consulta no contenciosa de la asociación. En el documento, solicitó que no se admita a tramitación la solicitud de la asociación gremial, porque "no determina actos específicos que supuestamente podrían infringir la libre competencia; y, por el contrario, persigue que se regule de manera general y abstracta un mercado específico, con lo que se desnaturalizaría el objeto y alcance de la potestad 'consultiva' del H. Tribunal".
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