Pese a que hace unos días se había abierto una instancia de negociación entre AD Retail -matriz de las cadenas de retail ABCDin y Dijon- y el Banco do Brasil, después que éste impugnara el acuerdo de reorganización simplificado acordado entre el retailer y sus principales bonistas, finalmente será el juez del proceso quien va a dirimir las diferencias.
Así habría quedado claro tras una nueva audiencia virtual realizada la mañana de ayer, donde los involucrados en la reorganización -que busca establecer un nuevo plan de pago de la deuda- presentaron sus descargos a raíz de la solicitud de Banco do Brasil.
En la oportunidad, los bancos Bice -que representa a los tenedores de bonos- y BCI, abrieron la ronda de intervenciones explicando sus razones en cuanto a por qué no es procedente la impugnación de la entidad extranjera.
A su turno, el Banco do Brasil reforzó sus argumentos, señalando -según fuentes conocedoras de la audiencia- que había negociado una reprogramación de la deuda que mantenía originalmente con ABCDin, cuando en paralelo y sin ser informada, AD Retail conversaba con sus bonitas un plan que, en la práctica, implica un plazo de pago de 22 años para su deuda.
Sin embargo, según trascendió, el juez a cargo de la reorganización, Ricardo Núñez, decidió no recibir la causa a prueba. Esto, ya que al parecer tendría una resolución ya tomada respecto de la impugnación, la cual dará a conocer este miércoles a primera hora.
Las implicancias
Fuentes cercanas al caso interpretan la decisión del juez Ricardo Núñez como una buena señal para AD Retail, en momentos previos al vencimiento del plazo para que sus bonistas aporten un total de $ 70.000 millones a Cofisa, el cual concluye este viernes.
Cabe recordar que en un principio, esta operación vencía a inicios de este mes, pero dada la situación actual, la resolución se retrasó y la reorganización financiera simplificada que debe ser visada en el 11° Juzgado Civil de Santiago se postergó para fines de esta semana.
Según el plan de pago propuesto por AD Retail, hay dos métodos de financiamiento.
El primero, fija un plazo de 22 años para los acreedores que no aporten recursos adicionales, mientras que para aquellos que sí contribuyan, el pago será a cinco años desde la fecha en que se apruebe la de reorganización simplificada. Es esta última opción la que se encuentra en vías de cerrar sus condiciones.
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