El proyecto de Ley Corta presentada hace unos días por el Gobierno y que da cumplimiento al fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema sobre la tabla de factores que instruye la devolución de cobros por encima del marco vigente desde abril de 2020 provocó no solo una serie de emplazamientos del gremio que representa a la industria, sino que además ahora reacciones de las propias aseguradoras de manera individual.
Este es el caso de la isapre Colmena, que a través una carta abierta rechazó de manera tajante las imputaciones difundidas en el marco de la presentación del proyecto de esta ley, referidas a que “la situación actual es responsabilidad de las isapres” y que “han hecho del abuso una manera habitual de actuar”.
"Eso no es cierto. Colmena siempre ha cumplido estrictamente con las instrucciones de la Superintendencia de Salud (SIS). De hecho, la SIS auditó en agosto de 2020 la implementación de la Tabla de Factores Única por parte de Colmena, sin formular observación alguna", sostuvo la empresa ligada al grupo Bethia.
Además, la isapre señaló que a través de una nueva sección de transparencia ponen a disposición "de nuestros afiliados y de la opinión pública los antecedentes que confirman que Colmena siempre ha actuado acorde al marco legal dictado por la Superintendencia de Salud (SIS) y no ha realizado cobros indebidos o en exceso. Tampoco ha tenido utilidades desmedidas".
Por último, la empresa destacó el hecho de que "tras una década de incertezas, hoy la discusión respecto de la tabla de factores está nuevamente en el Congreso". Y manifestó que "el Poder Legislativo tiene la oportunidad de resolver el tema de fondo: implementar una tabla única para todas los planes, pero sin romper el equilibrio financiero que requieren las isapres para mantener las coberturas de salud de las personas".
Contexto de las declaraciones
Las declaraciones de Isapre Colmena se dan después de que el 9 de mayo el Gobierno ingresara un proyecto en el Senado que busca dar cumplimiento al dictamen de la Corte Suprema -que obliga a las compañías a desembolsar cerca de US$ 1.400 millones- y el marco de operación de la industria, a lo cual se suma un plan de fortalecimiento de Fonasa.
Paralelo a esto, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley alternativo que incorpora una disposición transitoria aplicada a la adecuación de los planes base de salud, de manera de cumplir el fallo, pero con ciertas flexibilidades.
Entre sus puntos principales, el proyecto plantea autorizar a las isapres a que suban los precios de los planes base, lo cual tendrá como resultado la mantención del valor final que pagan los afiliados, por cuanto, en definitiva, compensa el efecto de ajuste a la baja por tabla de factores que determinó el fallo.
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