El Gobierno se hizo parte del requerimiento presentado por 17 senadores oficialistas ante el Tribunal Constitucional (TC) que acuda por inconstitucionalidad al artículo del proyecto de la ley corta de isapres aprobado en enero pasado que posibilita aplicar la fórmula de mutualización en el cálculo de las deudas que instruyó pagar el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema por tabla de factores.
En su presentación, el Ejecutivo adhiere a lo propuesto en el recurso presentado por los senadores tras la votación en la Sala de la Cámara Alta, y especifica que la indicación aprobada se refiere a normas de seguridad social que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y con quórum calificado.
“Pedimos tener por evacuadas las presentes observaciones sobre la base y sobre la base de los antecedentes de hecho y de derecho que exponemos resuelva acoger el presente requerimiento en todas sus partes y declare la inconstitucionalidad de la indicación impugnada en su admisibilidad y quórum de aprobación, por ser contrario al artículo 65, inciso 4.º, número seis y 66, en relación al artículo 19, número 18, 6.º y 7.º de la Constitución Política en calidad de órgano constitucional interesado”, señala el documento presentado al TC.
Además, el Ejecutivo pidió al tribunal que autorice su participación en los alegatos previstos para las próximas semanas. “Solicitamos a su Señoría excelentísima ser tenido como parte en los autos para todos los efectos legales y oír alegatos en la causa, de conformidad al artículo 43 44 de la Ley número 17.009 97 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional”.
Cabe recordar que el martes pasado, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió admitir a tramitación y declarar la admisibilidad del requerimiento ante el TC busca impugnar la indicación presentada en la etapa final de la tramitación de la Ley Corta en la Cámara Alta por un conjunto de senadores de oposición, como es el caso de Luz Ebensperger, Francisco Chahuán e Iván Moreira, al artículo 3° del proyecto de ley.
Tras el pronunciamiento del Presidente de la República –al cual deben sumarse el Senado y la Cámara de Diputados dentro del plazo de cinco días posteriores a que fuera acogida la tramitación- , el TC deberá resolver sobre el fondo del requerimiento iniciando la fase de los alegatos de las partes.
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