“Los aumentos de precios que están haciendo las isapres no están siendo aceptados por las personas, que consideran que el valor que le agregan estas instituciones no guarda relación con esos incrementos. Esto es un problema estructural, ya que una industria tiene a más de 10% de su cartera de clientes –20% en algunos casos- con demandas es una situación anómala y delicada para su estabilidad”, señala Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello. Para el experto, este escenario de “incertidumbre jurídica” aumentará con el próximo reajuste de la prima GES (Garantías Explícitas en Salud que asegura el acceso a atención y cobertura financiera para 80 enfermedades), ítem que es parte del precio del plan de salud que pagan los afiliados y cuya variación para los próximos tres años están analizando las aseguradoras. “No me cabe duda de que el incremento de la prima GES va a acentuar aún más la judicialización del sistema, y ahora las isapres van a tener que enfrentar dos frentes”, indicó Sánchez.
A su juicio, la expectativa de que los usuarios recurran a los tribunales contra un alza en los precios de la prima GES (ex Auge) está relacionada a la mayor incidencia que está teniendo en el costo global de los planes y a la percepción de los afiliados respecto del valor recibido. “La prima GES que cobran las isapres no representa necesariamente lo que realmente usan las personas, y si encima se suben los precios, lo considerarán injusto e irán de recurso de protección”, dijo.
Sánchez dice que las isapres “estiraron esta cuerda más allá de los razonable, utilizándola como una variable para ajustar los precios en el plan complementario”.
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