Iniciada la etapa de información de las alzas que aplicarán para el próximo reajuste de los planes base de salud para el periodo 2022-2023 a sus afiliados, las isapres profundizaron ayer su cuestionamiento al método aplicado por la Superintendencia de Salud para fijar los parámetros de este proceso, acusando que el cálculo de variación de costos establecido para cada aseguradora tendrá un efecto de reducción de ingresos por un monto total de $ 94 mil millones a nivel de la industria.
“El inexplicable método de cálculo que realizó la Superintendencia de Salud implicará una merma en la recaudación por $ 94 mil millones, que resultan de la diferencia entre el 7,6% del tope establecido en marzo por la Ley 21.350 y los porcentajes que resolvió a autoridad la semana pasada, para el proceso de adecuación 2022-2023”, afirmó la Asociación de Isapres.
“Las acciones de la superintendencia profundizan la crisis de sostenibilidad de las isapres”.
Con ello, gremio cuestionó los resultados del proceso implementado por el regulador al fijar incrementos que fueron desde un 1,4% para el caso de Vida Tres, a 4,3% para CruzBlanca; de 5,6% para Banmédica; de 6,6% para Colmena; de 7,8% para Nueva Masvida, y de 14,4% para Consalud. Dado que el cálculo para las últimas dos isapres superó el límite máximo fijado para la industria, ambas propusieron alzas de planes alineadas a ese tope de 7,6%, en tanto las restantes aseguradoras se apegaron exactamente a las respectivas variaciones de costos que determinó la superintendencia. De esta manera, el mecanismo establecido por la autoridad implicó un alza promedio de 6% a nivel de la industria, valor que “representa un tercio del incremento real de gastos según consta en las resoluciones emitidas”, subrayó el gremio, ya que la medición constató un alza en los costos -por mayor uso de prestaciones y licencias médicas- que alcanza el 22,5% en el sistema.
En este punto, la asociación manifestó que ese criterio del regulador “no es consistente con las variaciones de los últimos tres años, ni con la Ley 21.350 que fijó un mecanismo para establecer un tope máximo al alza”. Al fundamentar su cuestionamiento, el gremio indicó que la variación propuesta por cada isapre “responde a la siniestralidad real de las carteras de afiliados a partir de antecedentes que son permanentemente validados por la autoridad”. Ante esto, concluyó que “lo ocurrido impacta aún más la sostenibilidad financiera, elevando las pérdidas en un sistema que mantuvo los precios congelados entre junio de 2020 y julio de 2022”.
Profundizando su crítica a la autoridad -relaciones que están en el punto más bajo tras suspender su participación en la mesa de trabajo con el Minsal la semana pasada- la asociación manifestó que “vemos una vez más, con profunda preocupación, nuevas acciones de la Superintendencia de Salud contrarias a las garantías de un modelo regulado y que profundizan la crisis de sostenibilidad de las isapres”.
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