A medida que la compleja situación financiera de las isapres se profundiza amenazando con detonar la quiebra de una o más entidades –eventualidad que el gremio del sector considera inminente- una de las principales interrogantes apunta a la situación en ese escenario de los afiliados “cautivos” por padecer una enfermedad crónica que les impide cambiarse libremente de aseguradora.
La importancia del tema quedó de manifiesto en la sesión de la Comisión de Salud del Senado del 30 de agosto pasado, instancia que solicitó al Superintendente de Salud, Víctor Torres, la información actualizada de la incidencia de este factor en el sistema, respuesta que el organismo hizo llegar esta semana con datos a junio pasado.
El registro indica que, de los 1.969.432 cotizantes vigentes, aquellos en condición de cautividad suman 837.545, cifra que representa un 42,5% del total, promedio que va en un rango entre 38,1% y 47,4% entre seis aseguradoras de salud.
“Para las personas, implica una restricción material a su derecho de elegir libremente la isapre a la cual se encuentra afiliado y sus eventuales movimientos dentro del sistema privado de salud”, indicó la superintendencia en el documento a la comisión sobre la importancia del factor que mide los cotizantes retenidos en su isapre por causa de una determinada patología y que se elabora a partir de la suma de afiliados con licencias médicas o egresos hospitalarios asociados a un diagnóstico “determinante de cautividad” en los últimos diez años.
“Junto con los cotizantes cautivos en sus isapres que representan el 42,5% de la cartera, también está cautivo su grupo familiar, por lo que habría que agregar 552.780 cargas, con lo cual el número de beneficiarios llegaría a 1.390.325”, indicó Victoria Beaumont, directora ejecutiva de Fundación Politopedia.
En su análisis de la dimensión alcanzada por este factor, la experta indicó que ese casi 1,4 millón de personas “quedaría especialmente vulnerable si se eliminara el sistema, pues no tendrían oportunidad de adquirir un seguro complementario y, en el caso de que quiebre una o dos isapre, los afiliados cautivos tendrían que aceptar pertenecer a la isapre que se adjudique la cartera mediante el sorteo, y de esa manera quedarían dentro del sistema”.
A su juicio, un elemento clave en un escenario como ese es la situación de aquellos cotizantes cuya cautividad corresponda a una patología cubierta por el GES o a una enfermedad crónica, en términos de que “puedan mantener continuidad en sus tratamientos con sus equipos médicos, asunto que no se podría garantizar en primera instancia”.
Para los expertos, en la eventualidad de una crisis sistémica el destino más seguro para los beneficiarios con preexistencias sería pasar a Fonasa y engrosar las listas de espera del sistema público.
Cautividad por edad
La evolución de este factor es ponderado continuamente por la superintendencia en su análisis operativo y financiero del sistema. “Esta situación es relevante de monitorear, dado que a mayor nivel de cautividad en una isapre, existiría mayor probabilidad de incremento de su siniestralidad por el mayor uso de prestaciones de este grupo de cotizantes, con la consecuente implicancia en los resultados”, señala el documento a la Comisión de Salud del Senado.
El regulador también informó el número de beneficiarios –cotizantes más sus cargas- que “eventualmente podrían encontrarse cautivos por edad” a partir de los 60 años: de un total de 3,2 millones de personas, un 11,3% (361 mil) está en esa condición, dentro de un rango entre 9,5% y 16,6%, dependiendo de la aseguradora.
De acuerdo a las estadísticas de la superintendencia a agosto pasado, las siete isapres abiertas -Cruz Blanca, Colmena Banmédica, Nueva Masvida, Consalud, Vida Tres y Esencial- sumaban 1.924.377 cotizantes y 1.265.532 cargas.
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