En medio del desplome de suscriptores del tipo prepago en la telefonía móvil, dos empresas dedicadas a la recarga se coordinaron para enfrentar la crisis del negocio. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) detectó que JJD Comunicaciones y Max Fácil formaron un cartel que operó durante un poco más de tres años y el cual estuvo motivado principalmente por la "desfavorable" situación económica de este último actor.
Por esta razón, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un acuerdo extrajudicial alcanzado con ambas partes, en el cual no sólo reconocen el hecho delictivo, sino que también asumen cinco compromisos, siendo el principal: nunca más coordinarse en este mercado.
La alianza estratégica
La investigación de la FNE se remonta hace cuatro años, cuando se detectó que algo andaba mal en el mercado de la recarga de prepago, con supuestas prácticas anticompetitivas. Tanto JJD y Max Fácil, participan principalmente del mercado de recargas de teléfonos de prepago, en el cual ambas empresas actúan como intermediarios entre las compañías de telecomunicaciones -como Entel, Movistar, Claro y WOM- y los establecimientos de comercio en los que abonados realizan las cargas de teléfonos de prepago
Entre enero y noviembre de 2019, las empresas actuaron bajo una misma administración mediante un vínculo por ellas denominado como “alianza estratégica”.
Después de varios meses de investigación, la Fiscalía constató que JJD y Max Fácil operaron coordinados entre mayo de 2017 y julio de 2020 en diversos aspectos comerciales.
De hecho, entre los meses de enero y noviembre de 2019, las empresas actuaron bajo una misma administración y gestión contable, mediante un vínculo por ellas denominado como "alianza estratégica", contó el organismo anticarteles. Todo lo anterior, motivado por la situación económica desfavorable que afectaba a Max Fácil.
"La FNE constató que las empresas investigadas se encuentran vinculadas, debido a que la controladora final y administradora de JJD tiene una relación de parentesco, de segundo grado de consanguinidad, con la dueña final del 50% de los derechos sociales de Max Fácil", explicó la FNE al TDLC.
La autoridad se dio cuenta del cartel porque entre 2018 y 2022 -una vez finalizada la coordinación- la participación de mercado de JJD y Max Fácil registró una caída relevante. Si al inicio de la "alianza" la participación combinada de ambas llegaba al 20,9%, tras ésta su cuota bajó a menos del 5%. La Fiscalía explicó que dentro del mercado hay competidores "relevantes" como Full Carga y el Grupo Multicaja, que experimentaron un deterioro en las ventas en esta línea de negocio.
Entre los antecedentes que la FNE tuvo a la vista es que mientras duró la coordinación JJD inició un procedimiento en que Max Fácil le transfirió algunos clientes a los que les ofrecía servicios, de acuerdo a ciertas zonas geográficas en que ambos competían. Así, JJD se transformó en el único operador de plataforma transaccional del mercado.
A través de su acuerdo, algunos trabajadores de JJD ejercieron funciones en diversas áreas de la gestión del negocio de Max Fácil, que incluye hasta el pago de deudas de esta última. Sin embargo, a partir de noviembre de 2019 la cooperación se atenuó considerablemente, pero la FNE no explicó el trasfondo.
Los 5 compromisos
JJD y Max Fácil deberán pagar $15 millones al Fisco por la coordinación de sus operaciones durante esos más de tres años. La primera desembolsará $10 millones y la segunda el resto. Adicionalmente tendrán que suscribir cinco compromisos que impuso la FNE.
El primero es no volver a incurrir en una coordinación de operaciones. Luego, ambas tendrán que implementar un programa de cumplimiento en materia de libre competencia, siguiendo las directrices de la FNE contenidas en la "Guía de Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia" por al menos un plazo de tres años.
Un tercer punto es que las dos compañías deberán realizar una capacitación comprensiva en materia de libre competencia a los directores y ejecutivos relevantes de cada una, efectuada por un abogado o economista con conocimientos. Todo lo anterior, dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la entrada en vigencia del acuerdo extrajudicial.
Además, JJD y Max Fácil deberán reportar a la FNE cualquier actividad que implique una colaboración conjunta o alianza de cualquier tipo entre las empresas en un lapso de 30 días.
Y finalmente, mantener una estricta división en el uso de la plataforma transaccional, evitando cualquier intercambio de información, mientras el uso compartido de la plataforma se mantenga.
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Magdalena Espinosa
