Un nuevo hito sumó la demanda de Claro en contra de Movistar Chile. La empresa española presentó el pasado 27 de diciembre su contestación a la acción judicial que la acusaba de haber incurrido en dos conductas de competencia desleal.
Así, la defensa de Movistar -encabezada por los abogados Javier Velozo y Pablo Pardo, del estudio Contreras Velozo- solicitó rechazar la demanda de Claro debido a que es “carente de fundamento” y se trata de una “acusación de competencia desleal que, a todas luces, es superficial e improcedente”.
Fue el pasado 25 de noviembre cuando la firma ligada al magnate mexicano Carlos Slim -y asesorada por los abogados Nicole Nehme y Nicolás Ulloa, del estudio FerradaNehme- presentó una demanda ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, acusando a Movistar de supuestamente haber abusado del ejercicio de acciones judiciales y administrativas para entorpecer la realización de un nuevo concurso 5G e impedir el ingreso de ClaroVTR al mercado para prestar servicios móviles de esta nueva tecnología.
“El ejercicio legítimo de los derechos de Movistar han producido enormes beneficios a los chilenos, ya que (...) propició el desarrollo de concursos públicos competitivos en los que, sólo para la banda 3.5 GHz, se recaudaron más de US$ 347 millones en 2021 y US$ 90 millones en 2024”, sostuvo en su defensa.
La compañía de capitales hispanos argumentó que “la verdadera motivación de la demanda es “amedrentar a nuestra representada que, durante los últimos años, consistentemente y conforme a la normativa vigente, ha ejercido los derechos que le franquea la ley para evitar la inutilización, subutilización y/o utilización ilícita del espectro radioeléctrico (bandas de frecuencias) por parte de Claro/VTR”.
Enfatizó que este es un “objetivo que afortunadamente ha logrado, en beneficio de todos los chilenos, pese a la obstinación de dicha empresa en prestar servicios 5G sin respetar el régimen de concesiones que regula la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles”.
En ese sentido, Movistar señaló que la mayoría de sus acciones legales buscaban evitar que Claro y Entel utilizaran antiguas concesiones -otorgadas para servicios fijos hace más de 20 años, a costo cero y sin asumir compromiso alguno- para el despliegue irregular de las redes de 5G, vulnerando la normativa vigente de concesiones.
“El ejercicio legítimo de los derechos de Movistar que la demanda antijurídicamente intenta inhibir, han producido enormes beneficios a los chilenos, ya que en lugar de tolerar la utilización ilícita del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de 5G, propició el desarrollo de concursos públicos competitivos en los que, sólo para la banda 3.5 GHz, se recaudaron más de US$ 347 millones en 2021 y US$ 90 millones en 2024”, destacó la firma de capitales hispanos en su escrito.
Y añadió que, en virtud de esta estrategia, “las empresas adjudicatarias se obligaron a desarrollar proyectos de despliegue de redes de 5G a nivel nacional por otros cientos de millones de dólares”.
Demanda intimidatoria
Cabe destacar que, según se desprende de la demanda, la seguidilla de acciones legales que llevó a cabo Telefónica, la cual Claro califica como “abusiva”, comenzó en 2018 y se desarrolló hasta 2024.
No obstante, Movistar enfatizó en que la acción judicial de la compañía de Slim no es preventiva, sino intimidatoria.
A juicio de la española, “la verdadera motivación de la actora para entablarla es inhibir el ejercicio futuro de derechos legítimos por parte de Movistar que han tenido por finalidad que se respete la institucionalidad de libre competencia y la normativa sectorial de telecomunicaciones”.
La firma advirtió que “Claro/VTR no logrará su objetivo” y, por ello, argumentó que tiene el derecho a seguir exigiendo ante los tribunales y los órganos administrativos del Estado que se vele para que los actores de la industria de las telecomunicaciones cumplan la ley y las sentencias judiciales.
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