La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), liderada por Rodrigo Ramírez, entró al debate luego que las principales empresas de telecomunicaciones del país, Movistar y Entel, hicieran público sus cuestionamientos respecto a un supuesto fraude en la industria.
Compañías pequeñas comprarían celulares para abultar los ingresos que reciben por concepto de cargos de acceso de grandes operadores.
“A la fecha, en esta subsecretaría se han recibido múltiples reclamos entre empresas relacionadas con la impugnación de cobros de cargos de acceso entre concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, los que están siendo tramitados y resueltos de conformidad con el Título III del Reglamento de Reclamos, aplicando la normativa vigente”, dijo la autoridad a través de un comunicado.
Respecto a si se han cuantificado los efectos monetarios de la denuncia, la Subtel dijo que no le corresponde hacer ese cálculo ni daños o perjuicios económicos, sino solamente verificar la concurrencia de alguna irregularidad o infracción a la normativa sectorial en los hechos sometidos a su conocimiento.
“Esta subsecretaría analiza cada reclamo de acuerdo al mérito de sus antecedentes y se encuentra evaluando la pertinencia de adoptar algún tipo de medida o dictar normativa específica al respecto, sin perjuicio de aquellos hechos que corresponda conocer y resolver a los tribunales ordinarios de justicia”, sostuvo la autoridad.
El fraude se gestaría cuando una empresa de telefonía fija (Entel no ha mencionado a ninguna directamente) compra un teléfono celular de una compañía móvil con un plan de llamadas ilimitadas.
La misma empresa de telefonía fija llama desde el celular recién adquirido cientos de veces a un número que termina en su propia red (se cree que a través de un sistema de alta tecnología), con lo cual la compañía de celular le debe pagar el correspondiente cargo de acceso.
Frente a esto, Entel solicitó a la Subtel que en los procesos tarifarios quede claramente establecido que este tipo de fraudes no se pueden realizar.
Según la empresa, la actual normativa produce “incentivos maliciosos” que facilitan la existencia de prácticas de arbitraje destinadas a obtener “ganancias ilegales o indebidas”, lo cual ha quedado constatado –dijo- en las numerosas denuncias que ha presentado a la Subtel.
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