Uno de los temas en torno al cual el Ministerio del Trabajo -particularmente a través de la subsecretaría del ramo- se ha mantenido activo desde el inicio de la administración de Gabriel Boric, es la reformulación de los subsidios al empleo.
Y la agenda ha contemplado una revisión a varias herramientas, entre ellas el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el IFE Laboral y el subsidio Protege, con la finalidad de impulsar mejoras.
Tras este tiempo de análisis, la Mesa Interministerial para el Rediseño de Subsidios -instancia que dirige la subsecretaría del Trabajo y que integran ministerios como Economía, Mujer y Hacienda, junto a entidades como Dipres, Sence, entre otros-, ya identificó los ejes que orientarán las modificaciones, los que apuntan a convertir estos aportes en un nuevo instrumento: un subsidio unificado flexible.
La propuesta que se ha estado trabajando contempla una modificación a la oferta y los montos entregados, con una mayor ecualización entre incentivos a la contratación y a la participación laboral -a través de mayores aportes a los trabajadores como a las empresas-, además de una mejora de los requisitos para establecer poblaciones objetivo.
Margen de acción
“La lógica es como la de una ventanilla única”, grafica el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien precisa que la fórmula en evaluación apunta a tener un subsidio que se enfoque en distintas poblaciones beneficiarias, más que tener distintos subsidios a través de distintos ministerios.
“Queremos simplificar la forma de acceder a los subsidios, que se ajuste a las carácterísticas de las personas”, agrega la autoridad.
Para que esta estructura funcione, algo clave, destaca el subsecretario, es que sea flexible, tanto en términos de las poblaciones beneficiarias que se pueden incorporar como respecto de los momentos en los que se activan los apoyos.
“En algunos momentos quizás vamos a tener que fomentar más la participación de jóvenes o de mujeres; y, en otros, vamos a tener que enfocarnos en algún grupo que, por alguna situación o por alguna catástrofe, requiera de un apoyo mayor”, dice Boccardo, recalcando que la intención es tener la posibilidad de “cambiar las palancas” para fomentar la contratación y/o la participación laboral, dependiendo de la coyuntura laboral.
“Lo que nos interesa es tener una herramienta flexible, que no quede absolutamente determinada por ley como es hoy, donde los montos, las poblaciones, los requisitos están explícitamente definidos”, argumenta.
Lo anterior, cuando vienen algunas situaciones de coyuntura donde el mercado laboral cambia, se traduce -advierte Boccardo- en que hay pocas herramientas para intervenir directamente y “termina ocurriendo que tienes que desarrollar mecanismos de subsidio paralelos, cuando muchas veces las poblaciones a las que buscas apoyar son las mismas”, afirma.
El personero alude al hecho de que en la actualidad hay montos que han dejado de ser significativos o atractivos. A modo de ejemplo, en 2009, el Subsidio al Empleo Joven significaba el 20% del ingreso mínimo mensual de un trabajador y hoy solamente el 5%.
Por lo tanto, opina, “es un subsidio que es bien poco atractivo para los trabajadores y empleadores en términos de reducción de costos laborales. Hay subsidios solapados, se superponen requisitos, son aspectos que refuerzan la necesidad de cambios”, sostiene Boccardo.
Experiencia en pandemia
Según complementa el director nacional de Sence (s), Rodrigo Valdivia, el trabajo realizado por la mesa interministerial ha arrojado la necesidad de tomar lo mejor de los subsidios permanentes como de los temporales que se crearon a raíz de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, como el IFE Laboral y el subsidio Protege.
“Los subsidios transitorios que se impulsaron por la pandemia apuntaban a abordar la contingencia, dando prioridad a la contratación y participación laboral, y en sus requisitos, por ejemplo, no se consideraba el Registro Social de Hogares (RSH), algo que sí consideran algunos subsidios permanentes que existen. Se deben mirar esos resultados y recoger esa experiencia”, comenta.
En la mesa interministerial, además, se está evaluando la posibilidad de incorporar otros grupos de la población con altas tasas de informalidad, como son las personas mayores de edad, que debido a la creciente digitalización de la economía y la obsolescencia de habilidades, están teniendo mayores dificultades que el resto de la población para reinsertarse en el mercado laboral.
Los cambios al esquema de subsidios deberán realizarse vía legislativa y, desde la cartera, señalan que dentro del segundo semestre de este año se darán a conocer anuncios más concretos.
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