El artículo referido a la consagración de una vivienda “digna y adecuada”, uno de los pilares en lo que respecta a los Derechos Fundamentales incluidos en el borrador de la nueva carta magna, no dejó indiferente a nadie. Y entre las primeras entidades en pronunciarse destacan algunos de los gremios del sector, que si bien ven con optimismo el visto bueno del artículo 4° al texto final, señalan que es importante establecer los parámetros que definan el concepto utilizado por la Convención.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), su presidente, Antonio Errázuriz, calificó la decisión como “un avance”, y sostuvo que “como país, tenemos el gran desafío de resolver la falta de vivienda que padecen miles de familias”, el cual debe hacerse “con urgencia”, según dijo. Y afirmó que “el Estado, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades debemos seguir trabajando unidos y buscar nuevas soluciones”.
“¿Se evaluará por m2 por habitante? Si la vivienda es de un dormitorio ¿será para una o más personas?”, preguntan.
Por otro lado, Pablo Guerra, presidente de la Asociación de Constructores Civiles UC (ACCUC), respaldó los dichos de Errázuriz y dijo que la de ayer fue una “muy buena señal”. Sin embargo, señaló que el gran tema a considerar son los detalles de este artículo y ver “cuál es el alcance y condiciones que deben tener las viviendas para ser consideradas como “dignas”.
“¿Se evaluará por m2 por habitante? Si la vivienda es de un dormitorio ¿será para una o más personas, cuántas más?”, mencionó. Y destacó la importancia de “definir los parámetros y los costos asociados para cumplir con el concepto de “digna” para que esté aparejado con el precio final de la vivienda, de manera que exista una “posibilidad real” de que el Estado subsidie esto para las familias más vulnerables.
Sonami advierte por norma sobre agua
Otra de las normas que por estos días concentran la atención del sector privado es aquellas vinculadas a los recursos hídricos. Este jueves el Pleno de la CC votará el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, que establece el estatus jurídico del agua, y desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), ya expresan su preocupación por el impacto que este podría tener en el rubro.
Diego Hernández, presidente de la entidad, dijo que “al establecerse una temporalidad de los permisos de uso del agua (...) se genera incerteza para la toma de decisiones empresariales. Y afirmó que dicho “espacio de discreción representa un riesgo de injerencia y manipulación política”.
“La minería es un rubro que demanda inversiones millonarias, por lo que depender de la discrecionalidad de los permisos (...) es un desincentivo a la inversión”, dijo.
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