La crisis constitucional venezolana está cerca de alcanzar un punto crítico. Mientras la oposición sumó ayer a su bancada parlamentaria tres diputados chavistas, recuperando la mayoría calificada que le abre camino para tomar decisiones clave, el oficialismo anunció que se preparaba para tomar el Palacio Legislativo para instalar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a últimas horas de ayer.
La Asamblea Nacional (AN), el parlamento controlado por la oposición, desconoció ayer unánimemente a la ANC, elegida el domingo para reescribir la Constitución. Fue apoyada por Luis Emilio Rondón, el miembro opositor del Consejo Nacional Electoral, quién afirmó que “los controles (electorales) fueron en su mayoría flexibilizados e incluso en algunos casos eliminados”.
A su vez, los diputados celebraron ayer una victoria al recibir en sus filas a tres diputados chavistas, quienes conformaron un bloque socialista y devolvieron a la oposición una mayoría calificada de dos tercios que perdieron con la destitución de los diputados de Amazonas a principios de año. “En 1999 fue el pueblo quien convocó la constituyente. Hoy solo fue convocada por un poder constituido y no podemos callar”, afirmó uno de los “desertores”, Eustoquio Contreras.
En tanto, horas después el Palacio Legislativo fue rodeado por grupos oficialistas. Tarek El Aissami, vicepresidente del país, señaló que la ANC tomará “en las próximas horas” la sede parlamentaria. “Emprenderemos las primeras acciones revolucionarias”, sentenció. Desde la oposición, aseguraron que permanecerán en resistencia. “La única forma de acabar con este parlamento es que maten a los 112 diputados y a sus suplentes”, dijo el vicepresidente de la AN, Freddy Guevara.
Detenciones en la mira
En tanto, la detención del líder opositor Leopoldo López y del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma causaron una nueva ola de críticas internacionales al gobierno. Después de que fueron sacados de sus casas en dirección desconocida en la madrugada de ayer, se confirmó que regresaron a la cárcel militar Ramo Verde por incumplir las condiciones de su arresto domiciliario al hacer declaraciones políticas y planificar una fuga.
“Se recibió por fuentes de inteligencia oficial información que daba cuenta de un plan de fuga de dichos ciudadanos, por lo cual y con la urgencia del caso, se activaron los procedimientos de resguardo correspondientes”, informó el Tribunal Supremo de Justicia.
La decisión fue un “paso en la dirección errónea”, señaló la Unión Europea, mientras que el presidente del parlamento del bloque, Antonio Tajani, propuso sanciones financieras similares a las impuestas por Estados Unidos, medida apoyada también por el gobierno español.
Amnistía Internacional, en tanto, declaró que las detenciones son una señal de que la administración de Maduro “está desesperada en silenciar toda forma de crítica”, mientras que desde Naciones Unidas pidieron la liberación inmediata de todos los presos políticos.
A nivel regional, Argentina repudió la “arbitraria detención” de López y Ledezma y Perú lo calificó de “inaceptable”, junto con Brasil y Panamá, mientras que Uruguay calificó como “un desastre” la situación que está viviendo el país.
En tanto, Rex Tillerson, el secretario de Estado de EEUU –que congeló los activos de Maduro y otros trece altos funcionarios y prohibió a estadounidenses hacer negocio con ellos- expresó su “profunda preocupación” por arrestos y reiteró que el gobierno está evaluando todas las opciones.
Sin embargo, desde el Departamento de Estado confirmaron que dejarán al mandatario entrar a EEUU para una sesión de la ONU en septiembre, donde está en la lista provisional de oradores.
Rechazo de oficialismo
Mientras tanto, el rechazo internacional parece no importarle al gobierno de Maduro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó ayer las sanciones de EEUU como una agresión directa contra el pueblo venezolano y reafirmó el compromiso de las fuerzas armadas con defender la soberanía nacional. El Tribunal Supremo de Justicia señaló que el único propósito de las restricciones es “someter al gobierno venezolano, afectando la soberanía, violentando garantías y principios del derecho internacional”.
Dos nuevos huéspedes ingresan a residencia de Chile en Caracas
Como una "pésima señal" calificó ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, el arresto de los opositores venezolanos Antonio Ledezma y Leopoldo López. El canciller expresó su "solidaridad" con los afectados a través de Twitter y señaló que los venezolanos "quieren imperio del Estado de Derecho" y que "tienen derecho a la democracia".
Durante la tarde, Muñoz informó que ingresaron dos nuevos huéspedes a la residencia del Embajador de Chile en Caracas en busca de protección, los jueces Beatriz Ruiz y José Fernando Nuñez, sumando cuatro huéspedes, y que tendrán asilo si lo piden.
Menos dura, la presidenta Michelle Bachelet manifestó en Twitter que compartía la preocupación por las detenciones" . Agregó que "el pueblo venezolano merece encontrar una salida pacífica a la crisis. Chile siempre estará disponible para apoyar el diálogo democrático".
Los mensajes llegaron tras las críticas que generó la reacción de La Moneda, que consideró "ilegítima" la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro. El Partido Comunista manifestó su rechazo a la postura de Cancillería y la oposición pidió más dureza.
Partidos oficialistas salieron ayer a respaldar a Muñoz. En un comunicado, el PPD sostuvo que la convocatoria de Maduro "solo profundiza la inestabilidad democrática" y pidió garantizar "el respeto de los derechos ciudadanos". Asimismo, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, dijo que la situación "amerita que la comunidad internacional sin duda tenga una opinión crítica de lo que está ocurriendo".
En tanto, la Comisión de RREE de la Cámara de Diputados respaldó unánimemente la gestión del gobierno y acordó solicitar que se estudie la posibilidad de establecer una visa humanitaria, por 6 meses, en favor de nacionales venezolanos. Por su parte, el candidato Alejandro Guillier señaló que "ha habido un grado de intolerancia en el gobierno y la oposición para buscar una solución (...) estamos llegando a niveles críticos".
La oposición, en tanto, insistió en su llamado a La Moneda a endurecer el discurso. El presidente de la Comisión de RREE del Senado, Hernán Larraín (UDI), señaló que "no puede ser que un partido de gobierno, como el PC, defienda a la dictadura de Maduro".
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