Transcurridos más de tres meses en que las cuentas del gobierno de Estados Unidos han funcionado en piloto automático, con el financiamiento manteniéndose en los niveles del año pasado, el fantasma de un posible cierre del sector público vuelve a penar en Washington, a medida que se acerca el plazo para llegar a un nuevo acuerdo y evitar el cierre del sector público.
Desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre, el Congreso ha postergado insistentemente el debate sobre el financiamiento federal. Ahora, con pocos días hábiles para que se acabe el presupuesto, el 19 de este mes, el Capitolio comienza a delinear un proyecto que asegure recursos permanentes hasta octubre.
La Casa Blanca no tiene la pista fácil para lograr los apoyos opositores que necesita esta semana, que es clave. El presidente Donald Trump se reunirá mañana con líderes oficialistas y opositores, pero en el encuentro pesarán sus declaraciones del sábado, cuando puso la construcción del muro en la frontera con México, una de sus propuestas insignes y más resistidas por sus detractores, al centro del debate.
“Queremos el muro”, manifestó el mandatario en una conferencia de prensa en Maryland. Agregó si no se aprueban los recursos para construirlo, tampoco se financiará el programa de protección social para inmigrantes ilegales que ingresaron al país como niños, los llamados “dreamers”. La ley, conocida como DACA, protege a unas 800 mil personas de la deportación.
“El muro se va a construir o no vamos a tener DACA”, aseguró el jefe de Estado. Ayer, además, puso fin a un programa de protección a inmigrantes de El Salvador, iniciado tras el terremoto de 2001.
En respuesta, el parlamentario opositor Richard Durbin, uno de los líderes de su sector en la cámara baja, dijo en un comunicado que “el presidente ha dicho que podría necesitar un cierre gubernamental para obtener su muro. Con esta exigencia, parece estar avanzando en esa dirección”.
La semana pasada, los demócratas rechazaron una propuesta oficialista que delineaba un presupuesto de US$ 18 mil millones en diez años para financiar el muro.
Cerrado por no pago
La última vez que EEUU vivió un cierre del sector público fue en 2013, cuando el gobierno de Barack Obama no logró un acuerdo con la entonces oposición republicana, que hasta hoy resiente la aprobación del sistema de salud conocido como Obamacare. Durante los quince días en que hubo consenso, más de 1 millón de funcionarios fueron a trabajar sin saber cuándo se les pagaría y otros 800 mil fueron suspendidos, mientras parques, museos, monumentos y otros recintos dejaron de funcionar.
Para evitar un nuevo cierre, el Congreso podría postergar aún más el debate en torno a un financiamiento estable, pero con el tema de la inmigración instalado como centro del debate, la oposición podría bloquear la llamada “resolución de continuidad” necesaria para asegurar financiamiento temporal del aparato público.
En entrevista con Bloomberg, el exasesor demócrata Muftiah McCartin manifestó que estaría “algo sorprendido” si el partido permitiera que se postergue nuevamente el debate.
Tanto el oficialismo como la oposición enfrentan, además, la cercanía de las elecciones legislativas de mitad de período, que se llevarán a cabo en noviembre y en el que la inmigración y el gasto federal jugarán un rol clave.
El senador republicano Tom Cotton señaló en una entrevista que “si los demócratas quieren cerrar el gobierno porque no les damos la amnistía a inmigrantes ilegales, tendrán que defender esas acciones ante el pueblo estadounidense”.
Durbin, por su parte, señaló que “mientras sigamos esperando la próxima resolución de continuidad, eso es lo que conseguiremos. Es momento de decir basta, hemos esperado suficiente tiempo”.
Las negociaciones
En Washington hay pocas expectativas de que el Congreso logre un acuerdo para financiar al gobierno hasta octubre.
“Los proyectos podrían requerir semanas para escribir, evaluar y aprobarse”, manifestó a Bloomberg el exdirector de personal del comité encargado del gasto público en la cámara baja, Jim Dyer. “Esto se ha vuelto demasiado complicado. Tienen una lista gigantesca de cosas que quieren sumar al paquete”, añadió.
Junto con el complejo debate sobre la inmigración, los parlamentarios deben superar sus diferencias en torno a los aumentos de gasto por sector. Mientras los republicanos defienden un aumento de US$ 54 mil millones en el gasto destinado a defensa y otros US$ 36 mil millones para todos los demás sectores, la oposición busca que la cifra sea igual para ambos.
Adicionalmente, los demócratas esperan que se aseguren más recursos para las regiones afectadas por desastres naturales, entre ellas Puerto Rico.
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