El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot presentó hoy la segunda acusación en contra del presidente Michel Temer relacionada con casos de corrupción en el gigante cárnico JBS.
La fiscalía acusa a Temer de obstrucción a la justicia y de organización criminal, basándose en las declaraciones de los altos ejecutivos de JBS que entregaron bajo un acuerdo de delación premiada.
La acusación contra Temer fue presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF) y tendrá que ser votada en el Congreso, que dará su visto bueno o rechazará el proceso criminal. Los cargos anteriores por corrupción pasiva relacionados con el mismo caso fueron rechazados por el parlamento a principios de agosto. Sin embargo, los expertos apuntan a que Temer podría haber gastado demasiado capital político para enfrentar otro cargo.
La acusación incluye también al llamado "cuadrillón del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, partido oficialista) en la cámara", como Eduardo Cunha, Henrique Alves, Eliseu Padilha. Según Janot, ellos -junto al presidente- practicaron acciones ilícitas a cambio de pago, utilizando varios ministerios y Petrobras, entre otros.
El cargo de la obstrucción a justicia se refiere a pagos indebidos para evitar que el corredor de bolsa Lucio Funaro firmara un acuerdo de colaboración premiada.
Delación revocada
Horas antes, Janot anunció la revocación completa del acuerdo con JBS, porque los funcionarios habrían omitido información importante en sus delaciones, como la posible participación del exprocurador Marcello Miller en la elaboración del acuerdo presentado ante la policía.
Así, los socios de la empresa, Joesley y Wesley Batista, así como los ejecutivos Ricardo Saud y Francisco de Asís, perdieron los beneficios de la delación y serán procesados. Joesley y Saud están presos temporalmente en Brasilia (por cinco días). El plazo de prisión decretado por el ministro Edson Fachin, relator de Lava-Jato en el STF, termina mañana.
Anteriormente, la fiscalía rechazó la prisión de Miller, quien fue ayudante de Janot en Brasilia hasta mediados de 2016, cuando volvió a trabajar en la Fiscalía de Río de Janeiro. En febrero, pidió su exoneración, y dejó el Ministerio Público oficialmente en abril, pero, según la policía, hay indicios de que él ayudaba a JBS mientras aún era funcionario público. Miller niega las irregularidades.
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