La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron el jueves a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación.
Según la jueza, que ha cursado las euroórdenes por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, Puigdemont y los exconsellers viajaron hasta Bélgica "con la única finalidad de eludir las posibles responsabilidades que pudieran tener en España", por lo que "procede su busca, captura e ingreso en prisión".
Siguiendo la petición de la Fiscalía, la magistrada ha emitido sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las ha dirigido expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.
Lamela ha dictado dos autos por cada uno de los investigados, el primero de ellos dando curso a las OEDEs, que han sido enviadas en este caso a la Fiscalía Federal Belga.
Esas euroórdenes se han insertado también en la oficina Sirene, el sistema de información Schengen para comprobar los movimientos de delincuentes en los pasos fronterizos de Europa.
En los otros autos, la juez tramita la orden de busca y captura nacional e internacional de todos ellos, a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol.
La magistrada además rechaza la petición formulada por Puigdemont y otros exconsellers de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado estas órdenes un día después de acordar el ingreso en prisión incondicional del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de otros siete exconsellers investigados en la misma causa ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga. En su auto la juez incidía en la incomparecencia de los ahora buscados como una de las razones de la imposición de la medida cautelar a sus excompañeros de Gobierno, ante el peligro de que puedan eludir la acción de la Justicia.
Dos meses de demora
Hasta que Puigdemont y los cuatro exconsellers sean entregados a España hay que realizar un proceso que puede durar más de dos meses.
Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea de 2002.
La orden de la jueza se tramitará para que la Policía belga proceda a la detención de Puigdemont y de los exconsellers, a no ser que ellos se entreguen antes.
Según el ordenamiento jurídico belga, los ex altos cargos catalanes serían puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.
Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario (hipótesis que ha apuntado el representante legal del expresidente catalán), la decisión corresponde a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispone de un plazo de quince días.
Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.
Pero, además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.
La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.
En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención.
El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.
La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está acusado de malversación y prevaricación (además de desobediencia).
En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la OEDE, con lo que la justicia belga podría tener que pronunciarse sobre el fondo del asunto.
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