Opositores venezolanos comenzaron ayer el proceso de validación de firmas, que fueron recabadas en abril, con las que solicitan la activación de un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro.
A pesar de que el ente electoral excluyó más de 600.000 rúbricas por distintas irregularidades, desde ayer 1,3 millones de ciudadanos fueron convocados a ratificar su participación en 128 centros en todo el país. De ellos, 200 mil son necesarios para activar el mecanismo de consulta popular y, al finalizar esta etapa el viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría, según su propio reglamento, hasta el 26 de julio para revisar nuevamente las firmas.
Esta es la segunda fase de un proceso que busca poner fin al mandato del actual jefe de Estado, antes de enero de 2017, por ser considerado el responsable de la actual crisis que atraviesa la nación, con la inflación más alta del mundo, inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, y recesión económica.
Precisamente, la agencia calificadora de crédito Moody’s alertó ayer que el déficit de financiamiento externo del país implica que es muy probable que el Estado no tenga los recursos suficientes en “moneda dura” para cumplir en su totalidad las obligaciones de este año y agregó que una cesación de pagos todavía puede evitarse.
En una nota, el vicepresidente de la firma, Jaime Reusche, comparó la deuda de Venezuela y de la petrolera PDVSA y estimó probable que la estatal “incumpla primero dado que tiene muchas más obligaciones de deuda que el soberano en 2016-2017, con grandes pagos con vencimiento este año”. PDVSA tiene que pagar US$ 4.000 millones en el cuarto trimestre, entre ellos US$ 3.000 millones de capital: US$ 1.000 millones en octubre y el resto en noviembre. En cambio, el soberano sólo tiene que afrontar los intereses de sus bonos globales hasta fines del próximo año.
Aplazan audiencia
En tanto, ayer también fue aplazada nuevamente la audiencia de apelación del caso del dirigente opositor, Leopoldo López, quien lleva más de dos años en prisión por presuntamente haber incitado a la violencia en las protestas de febrero de 2014. A pesar de que López fue traslado hasta los tribunales, la cita fue cancelada por ausencia del juez quien se reportó enfermo.
El ex ministro español, Alberto Ruiz-Gallardón, acudió a los juzgados como parte del equipo de figuras internacionales que asesoran a la defensa del opositor y consideró que ésta “era una oportunidad que tenían las instituciones de corregir una vulneración de los derechos fundamentales y la han desperdiciado. La situación de Leopoldo (López) es injustificable desde un punto de vista jurídico”.
Mientras esperan recibir autorización formal para visitar al dirigente, los asesores se reunirán hoy con el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, y mañana presentarán un manifiesto en el que 1.200 juristas exigen la nulidad del juicio, una petición que se hace extensible al resto de “presos de conciencia”.
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