Una ciudad sitiada. Así describía ayer el diario argentino Clarín a Buenos Aires, que protagonizó masivas manifestaciones y cortes de tránsito, en momentos en que el Congreso se preparaba para discutir una reforma previsional impulsada por el presidente Mauricio Macri.
Las protestas fueron lideradas por la Central General de Trabajadores (CGT), el mayor organismo multisindical del país, que el miércoles se sumó al rechazo que ya habían expresado la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y agrupaciones cercanas al kirchnerismo.
“No puede ser que quieran arreglar problemas de las provincias con la plata de los remedios y los alimentos de los jubilados”, manifestó uno de los dirigentes de la CGT, Carlos Acuña.
En respuesta, el diputado oficialista Luciano Laspina manifestó que la iniciativa “garantiza la sustentabilidad del sistema”. El oficialismo tenía los votos necesarios para aprobar la reforma, con apoyo de la oposición no kirchnerista.
Pero ayer, los manifestantes bloquearon varias calles y se concentraron en la entrada del Congreso, que amaneció blindada por efectivos policiales. En la zona se registraron disturbios que dejaron a varios diputados heridos. La policía utilizó carros lanza agua, gases lacrimógenos e incluso balines de goma para dispersar las protestas.
Los desórdenes tanto dentro como fuera del recinto terminaron por frenar el debate. La sesión partió con cerca de 40 minutos de retraso por falta de quórum, y, apenas momentos después, fue suspendida, ante la imposibilidad de debatir.
Entre gritos y abucheos de la oposición, la diputada oficialista Elisa Carrió manifestó: “como rechazamos la violencia, pido al presidente que levante esta sesión escandalosa (...) No vamos a contestar a su violencia con violencia. Vamos a ganar la votación, sea esta semana o la otra”.
La CGT había convocado a un paro para hoy, pero dado el trámite fallido, levantó la medida, aunque dijo que se mantenía “expectante” para volver a convocarla.
Por su parte, el jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña, acusó “un intento violento de impedir el funcionamiento de una institución democrática”. Agregó que “esta es una buena ley y queremos avanzar”.
Detalles del proyecto
El proyecto de Cambiemos modifica la forma de calcular los ajustes de los beneficios previsionales. En lugar de un aumento semestral dependiente de la evolución de los salarios y la recaudación, se instala una fórmula en que 70% de la variación se relaciona al IPC y el 30% restante en base a la evolución de los salarios públicos. La actualización será, además, trimestral.
En la práctica, ello hará que en marzo, en lugar de aumentar un 12%, las pensiones de 17 millones de argentinos suban sólo 5,7%. En contraparte, se calcula que el fisco podría ahorrarse unos 100 mil millones de pesos argentinos (más de US$ 5.700 millones) en 2018.
Otro cambio es que los trabajadores dependientes del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, a excepción de los funcionarios públicos. Actualmente, la edad de retiro es voluntaria desde los 60 años para las mujeres y obligatoria a los 65, mientras para los hombres es de 65 y 70 años respectivamente.
También se instaura una garantía del 82% sobre el salario mínimo, un beneficio que se aplicará a quienes hayan reunido 30 años de aportes efectivos y que excluye a jubilados por moratoria o que no hayan recibido el beneficio de la prestación básica universal.
El momento de Macri
Macri cerró este mes su segundo año de gobierno con un giro notable: mientras en 2016 la inflación se disparó y su popularidad se fue a pique, el repunte económico de 2017 lo convirtió en el principal ganador de las elecciones legislativas.
Pero los riesgos no se han disipado. Para consolidar las cuentas fiscales, Macri necesita eliminar subsidios a una serie de servicios públicos, lo que podría afectar su aprobación. A inicios de mes, ya subieron las cuentas de luz y gas. Lo mismo ocurre con las bencinas.
Junto con ello, esta semana la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, que podría haber sido una victoria para la Casa Rosada, concluyó sin acuerdos significativos y estuvo marcado por las fuertes críticas de Estados Unidos al organismo multilateral.
Los debates por previsión
BRASIL El gobierno de Michel Temer ha tenido sus propios traspiés con el proyecto previsional que impulsa para controlar el gasto público. La resistencia de organizaciones sociales y la falta de acuerdo en un Congreso altamente atomizado hicieron que la discusión del proyecto fuera aplazada hasta febrero de 2018.
PERÚ La Comisión de Protección Social, creada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski para reformar el sistema previsional, generó polémicas este año. La entidad recomendó quitar atribuciones a las AFP y dárselas al Estado, haciendo temer una nacionalización de los fondos. En el país, los cotizantes pueden retirar hasta un 95% de sus fondos al cumplir 65 años.
MÉXICO Ad portas de que la carrera presidencial entre en tierra derecha, el debate previsional comienza a encenderse. Cerca de un cuarto del gasto público corriente del Estado va al pago de pensiones y jubilaciones, una cifra que se ha más que duplicado desde 2010. La cobertura también deja que desear: cerca de 2,5 millones de mexicanos de más de 65 años no recibe pensión alguna.
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