Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este jueves sanciones contra siete altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro por la "represión" Venezuela, que implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario.
En su reunión semanal, los embajadores de los Estados miembros de la UE han logrado un "acuerdo político" para someter a medidas restrictivas a una "lista" de siete altos cargos venezolanos, informaron a Efe fuentes europeas.
La decisión se formalizará la próxima semana en el Consejo, coincidiendo con la reunión de ministros de Exteriores que se celebra el lunes en Bruselas, aunque el trámite podría demorarse unos días.
Las sanciones están ya acordadas y se suman a las impuestas en noviembre, un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la "represión interna" en Venezuela.
Los ministros abrieron entonces la puerta a la posibilidad de imponer medidas selectivas contra los responsables.
En octubre, los países acordaron preparar sanciones selectivas contra personalidades venezolanas consideradas responsables de "represión" en el país.
La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Catherine Ray, reiteró hoy, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE), que la UE mantiene su "mensaje político" y "apoya firmemente los esfuerzos para una solución negociada a la crisis de Venezuela".
La decisión llega en el contexto de una nueva ronda de diálogo en Santo Domingo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, marcada por la incertidumbre tras el caso de Oscar Pérez, un exinspector de Policía que se rebeló contra el Gobierno y que fue abatido el lunes.
Los puntos centrales para la oposición en este diálogo son lograr garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran "presos políticos" y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.
El oficialismo, por su parte, exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.
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