El Gobierno socialista de Grecia reiteró hoy que el país no estudia reestructurar su enorme deuda pública de US$ 492.238 millones y aseguró que continuará con su programa para salir de la crisis.
"La postura del gobierno en el asunto se mantiene igual", dijo hoy el portavoz oficial griego, Yorgos Petalotís, en su encuentro cotidiano con la prensa en Atenas.
Agregó que "en Europa no hay un diálogo oficial sobre la reestructuración de la deuda griega y no hay motivo para que el Gobierno griego examine los escenarios para la reestructuración".
Estas declaraciones se producen un día antes de la presentación de un nuevo paquete de medidas de austeridad de unos US$ 33.298 millonesde aquí al año 2015.
"Los planes que presentará mañana el primer ministro (Yorgos Papandréu) muestran que contamos con un programa para salir de la crisis y si creyéramos que no lo podríamos lograr lo diríamos al pueblo, aseveró Petalotís.
Ante los persistentes rumores sobre una pronta reestructuración de la deuda helena, los bonos de Estado griegos a diez años alcanzaron hoy un nuevo rendimiento máximo con el 13,225%.
Mientras tanto, la crisis económica y las medidas de ahorro están afectando cada vez más al mercado laboral griego.
Según datos de la Autoridad de Estadísticas Griega, la tasa de desempleo alcanzó en el mes de enero un nuevo máximo con el 15,1%, frente 11,3% en enero de 2010 y el 14,8% en diciembre de 2010.
Petalotís explicó hoy que "el paro proviene de la recesión y Grecia se encuentra en el punto más profundo de ella", al tiempo que prometió que "a partir de 2012 habrá crecimiento y habrán nuevos puestos de trabajo".
Ante el creciente desempleo, la unión mayoritaria de empleados civiles (ADEDY) celebró hoy la decisión del Tribunal Supremo de obligar al Estado a contratar de forma permanente a decenas de empleadas de limpieza que trabajaban desde 1990 con contratos temporales y antes de 2001 en el Organismo Estatal de Juegos de Azar, y que habían sido despedidas.
Los analistas financieros en Atenas comentaron hoy que se trata de una decisión que puede crear un importante precedente para que miles de funcionario con contratos temporales que están en peligro de ser despedidos conserven o recuperen sus puestos.
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