Forzados por el creciente descontento, los legisladores brasileños han decidido poner en marcha una investigación parlamentaria para esclarecer los sobrecostos y las acusaciones de corrupción que planean sobre la construcción de al menos 12 estadios de fútbol que serán sedes del Mundial del próximo año.
La comisión, cuya creación todavía no ha sido aprobada, pone de manifiesto el impacto que la Copa Mundial de Futbol está teniendo en la escena política y social del país. La irritación general aumenta a medida que el presupuesto del Mundial engorda. Según las estimaciones de algunos medios, Brasil podría acabar invirtiendo hasta 30.000 millones de reales (unos US$ 14.000 millones) en los proyectos de la Copa Mundial, lejos de los 7.000 millones de reales (US$ 3.300 millones) que el Gobierno ha asumido por el momento. Los cerca de 500 millones de reales (US$ 275 millones) que ha costado cada uno de los estadios resultan difíciles de justificar.
"Existen muchos ejemplos de estadios con capacidad para 40.000 ó 50.000 espectadores que han costado menos de la mitad", aseguró a Reuters Amir Somoggi, de la auditora BDO Brazil. Incluso hay recintos deportivos en Brasil que han batido récords: uno de los estadios que se está construyendo en São Paulo, con capacidad para 48.000 espectadores, costará 820 millones de reales (US$ 450,5 millones).
Además del abultado gasto, muchos se preguntan qué ocurrirá con varios de los nuevos estadios cuando haya acabado la Copa del Mundo.
Los equipos locales de ciudades como Brasilia, Cuiaba y Manaus, donde se están construyendo grandes instalaciones, ni siquiera compiten en la primera ni en la segunda liga de la competición nacional. "Varios de estos estadios corren el riesgo de convertirse en elefantes blancos", afirmó a 'Business Week' Fabiola Dorr, que trabaja en la supervisión de los gastos de la Copa Mundial a petición de los fiscales públicos brasileños.
Muchos de esos estadios se han convertido en el flanco de las críticas de la multitud que protesta en las calles de Brasil. La subida en los precios del transporte público aprobada el pasado junio funcionó como disparador de la indignación de muchos brasileños, que también destacaron la escasa calidad de los servicios públicos y la corrupción.
La coincidencia en el tiempo entre las protestas y la celebración de la Copa Confederaciones apuntaba a otro aspecto de la desafección popular: las enormes inversiones destinadas a infraestructuras (estadios, aeropuertos, transportes, comunicaciones) con ocasión del Mundial. Al descontento de los brasileños se ha sumado el propio presidente de la FIFA, Sepp Blatter, que ha llegado a sugerir que la elección de Brasil como país organizador podría ser un error.
"Si esto [en referencia a las protestas] vuelve a ocurrir en 2014 quizá debamos plantearnos si hicimos mal al escoger a Brasil". "Sin embargo, no ocurrirá. Estoy convencido de que Brasil será un gran organizador de la Copa del Mundo", repuso poco después.
El gobierno de Dilma Roussef trata de atajar las críticas por el sobrecosto con más cifras; las de las previsiones de Ernst&Young, que indican que la celebración de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos podría generar hasta 3,6 millones de puestos de trabajo y aumentar en un 0,4% el PIB del país hasta 2019. Sin embargo, el Gobierno deberá actualizar sus previsiones de beneficios mientras los gastos se sigan disparando.
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