Por Constanza Morales H.
Luego de una década de crecimiento sostenido, Brasil ha evidenciado en los últimos años crecientes señales de agotamiento. Si bien, parte de la desaceleración se explica por el escenario global menos favorable, también existe un factor doméstico: la potencia sudamericana no ha implementado las reformas necesarias para que su economía se acelere a tasas superiores a 1%.
Los expertos concuerdan en que uno de los problemas más serios que está frenando a la primera economía de la región es el magro desembolso en infraestructura. Durante la última década, el país sólo invirtió en promedio 17,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura. A modo de comparación, China e India gastaron en promedio 42% y 30% de su PIB, respectivamente. Entre los emergentes, Brasil destaca por tener el menor nivel de inversión entre 2002 y 2012.
Como consecuencia, la nación tiene una infraestructura ineficiente. Según el ránking global de la calidad de la infraestructura del Foro Económico Mundial, Brasil se ubica en el lugar 107 de un total de 144, muy por detrás de sus pares Brics. De hecho, dentro de este grupo, el representante latinoamericano posee los peores sistemas de aeropuertos, puertos y vías férreas.
Un informe del Instituto Global McKinsey reveló que el ratio de activos de infraestructura versus PIB de Brasil asciende a 16%, mientras que la proporción promedio es de 70%.
Credit Suisse estima que para acortar la brecha, se requiere
US$ 1 billón (millón de millones) de inversión en infraestructura, del cual la mitad debería destinarse al sector transporte.
Activos del siglo pasado
De acuerdo a un análisis de Financial Times, las carreteras, los puertos, el transporte urbano y los aeropuertos brasileños muestran un retraso de entre 50 y 60 años. En la pasada década, la inversión en esta categoría promedió sólo 0,6% del PIB, menos de la mitad del nivel requerido para mantener un crecimiento anual de 4,5%, según el banco suizo.
Pese a que la presidenta Dilma Rousseff llegó al gobierno prometiendo un millonario plan de concesiones la administración ha sido muy ineficiente para ejecutarlo. Esto quedó de manifiesto hace unos días, cuando el gobierno licitó dos de las principales carreteras, que supuestamente eran los activos más atractivos y fáciles de adjudicar dentro de un gran paquete de caminos que se ofrecerán en los próximos meses.
Una de ellas, la BR262 que conecta el estado interior de Minas Gerais con el estado costero de Espírito Santo, quedó desierta. La licitación habría fracasado porque el proyecto incluía que una buena parte de los trabajos fuesen dirigidos por el departamento federal de carreteras. “Los postores no quisieron correr el riesgo de que esta agencia, que ha tenido un pobre desempeño, no entregue las obras a tiempo. El dueño de la concesión privada no sólo sería multado, sino que también perdería ingresos por peaje”, comentó Financial Times.
Impulso gubernamental
En 2007, el gobierno de Lula da Silva lanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un paquete de estímulo para impulsar la inversión. Desde entonces, cerca de 101 mil millones de reales (US$ 44 mil millones) se han destinado al sector transporte. Si bien es un avance, Credit Suisse subraya que el monto sólo representa 53% del presupuesto planeado y cerca de 10% del déficit de 1 billón de reales en la infraestructura del área.
Si las autoridades realmente desean resolver el tema, deben permitir la participación del mundo privado, ya que cuando esté completado, el PAC sólo habrá abordado 20% de las necesidades de infraestructura del país.
El Estado se ha mostrado más abierto a la inversión privada, pero con los retrasos en las licitaciones –la semana pasada el gobierno anunció que los procesos de concesión de los aeropuertos de Galeão (Río de Janeiro) y Confins (Belo Horizonte) se pospusieron para noviembre–, el gobierno de Rousseff tendrá poco tiempo para hacer despegar su programa de infraestructura.
Con el Carnaval en verano, la Copa Mundial de fútbol en junio y las elecciones presidenciales en octubre, los proyectos se postergarían hasta 2015, lo que significaría que no se materializarían antes de 2020. Si se consideran los últimos tres años de débil crecimiento, Brasil arriesga una década perdida.
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