En lo que va del año 2019, al menos 30 empresas argentinas pidieron a la Secretaría de Trabajo la apertura de procedimientos preventivos de crisis (PPC), la etapa previa a despidos o suspensiones de personal, una medida que ha vuelto a la palestra en medio de la crisis que sacude al país y que ha alcanzado firmas como Fate, Coca Cola Femsa o Avianca.
La cifra contrasta con las 146 firmas que solicitaron la acción el año pasado, de las cuales 107 todavía están en trámite.
El dato se desprende del extenso informe —el 117— que la Jefatura de Gabinete de ministros envió el lunes al Senado, en la previa de la visita que hará hoy en la tarde Marcos Peña a la Cámara Alta, la primera de este año.
La presencia del jefe de ministros se da en medio de la crisis del programa económico del ejecutivo y en el inicio de la campaña electoral. Los legisladores habían enviado más de 800 preguntas —un promedio más alto que el habitual— vinculadas a la gestión de Cambiemos.
Uno cada casi tres días
Según información oficial, en 2017, antes del inicio de la crisis del programa económico, los procedimientos preventivos de crisis pedidos por las empresas fueron 66, menos de la mitad de los solicitados en 2018. El dato marca, en ese sentido, la magnitud de la crisis del programa económico del gobierno, que empezó a arrojar resultados negativos desde el año pasado.
Por caso, los PPC pedidos este año entre enero y mitad de marzo ya alcanzan la mitad de los que fueron requeridos en 2017. Uno cada casi tres días.
La medida puede ser exigida por compañías con menos de 400 trabajadores que planeen despidos o suspensión "por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas" para más del 15% de la plantilla de personal; firmas con entre 400 y 1.000 empleados con más del 10% comprometido, y con más del 5% para empresas con más de 1.000 trabajadores.
La mayor cifra de pedidos de los procedimientos preventivos había sido en 2003, después de la crisis de 2001: fueron 379, según publicó el diario La Nación en base a información oficial. La siguiente fue el año pasado, en el momento más complejo de la crisis económica del gobierno de Macri.
El pasado 10 de marzo, la cartera dirigida por Sica habilitó la apertura formal del procedimiento solicitado por Fate, la principal fabricante de neumáticos del país que emplea a más de 1.600 trabajadores bajo convenio y que manifestó que, por las dificultades de la economía, evaluaba despedir a más de 400.
La misma situación atravesó Femsa, principal embotelladora de la marca Coca Cola. Al final, tras reuniones entre la firma, las autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo y el sindicato, se descartó la apertura del PPC, pero se acordó la salida de 30 trabajadores. La compañía de capitales mexicanos había alegado problemas por la caída del consumo.
Hubo otras firmas que solicitaron el mismo procedimiento, como Avianca, la aerolínea que fue habilitada para operar en la Argentina durante esta administración.
El gobierno encara la campaña electoral con malas noticias en el rubro de la economía. La semana pasada, el Indec informó que el desempleo alcanzó el 9,1% en el último trimestre de 2018, y que afecta a más de 1.752.000 argentinos, el número más alto desde 2005 en la comparación trimestral.
Unos días antes, el organismo había oficializado en 3,8% la inflación de febrero, con un acumulado de 51,3% en los últimos 12 meses. Este lunes, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) ubicó en 31,3% la pobreza multidimensional: el índice oficial, que revelará un aumento de la cantidad de pobres, será publicado mañana por el Indec.
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