El peronista Alberto Fernández cumplió este viernes sus primeros 10 días al frente de la presidencia de Argentina.
No han sido fáciles, los días han estado lleno de reformas, de anuncios económicos polémicos y de un avance desmedido del llamado "dólar blue", que es el que tranza en el mercado informal. Parte de ello se debe a las medidas anuncias relacionadas a un endurecimiento del cepo y a la aplicación de impuestos a la compra de la moneda estadounidense para evitar una mayor fuga de divisas e incentivar el ahorro.
El crítico estado financiero del país, la sustentabilidad de las arcas públicas y la necesidad de ofrecer respuestas a las demandas de la sociedad se encuentran detrás del paquete de decretos presidenciales que este viernes recibió luz verde en la Cámara de Diputados del Congreso.
En menos de 10 días, Fernández ha tomado decisiones políticas que van más allá de lo simbólico, y que marcarán la dirección y el terreno sobre el que comenzará a gestarse la nueva administración y el futuro inmediato del país.
Los puntos más álgidos
Aunque el gobierno lo intentó, no lo logró. A través del proyecto de ley, en su artículo 85, pedía facultades para intervenir y reformar discrecionalmente los más de 60 organismos descentralizados que dependen del Estado.
Pero el rechazo en la cámara baja fue tal, que el inciso tuvo que ser removido, dando pie a modificaciones en otros 15 artículos.
Otra de las concesiones del Ejecutivo a fin de garantizar la ley están relacionadas a la exclusión del congelamiento de la movilidad de las prestaciones jubilatorias del régimen especial para docentes y personal científico.
También se incorporó un artículo que habilita al Ejecutivo a fijar compensaciones de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas.
Esto fue en concordancia con lo que el Interbloque Federal venía pregonando: la protección de los pequeños y medianos productores. Y para ello, sugerían considerar niveles diferenciados de derechos de exportación en función de la escala de producción, para que paguen menos retenciones.
Medidas dictadas
Así las cosas, el Ejecutivo ha logrado pasar diferentes medidas. En materia de emergencia ocupacional, el decreto obliga a pagar doble indemnización por despidos sin justificación durante un plazo de seis meses. Se intenta evitar que continúe aumentando la tasa de desempleo, que alcanzó al 9,7% de la población activa en el tercer trimestre de 2019. Además, se informó que se podría establecer por decreto aumentos mínimos al sector privado.
Fernández, además, decretó que se elimine el tope de 4 pesos argentinos por cada dólar exportado y aumentó las alícuotas de los derechos de exportación, lo que volvería a elevar a por lo menos 30% los impuestos sobre la soya -el principal grano exportado, además de alzas en todos los otros granos, cereales y sus derivados, carnes, frutas y otros productos regionales.
El megaproyecto de ley también incluye un impuesto de 30% por un período de cinco años para toda transacción no productiva en dólares. Esto incluye las compras en moneda extranjera dentro y fuera del país y la adquisición de divisas para atesoramiento en cuentas bancarias locales. No aplicaría para la importación de insumos para la industria, previa autorización del Banco Central.
Otro de los puntos logrados por Fernández, es la aprobación de su propuesta en materia previsional. Con ella, se suspende por seis meses la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el gobierno de Mauricio Macri en 2017 que actualizaba los haberes de acuerdo con la inflación del semestre anterior. En un país donde el aumento de precios alcanzará 54,4 % este año según el FMI, este tema es decisivo.
Lo que se viene
El año nuevo iniciará con alza de salario mínimo para todos los trabajadores del sector privado en el marco de la emergencia. Ayer quedó en firme que el anuncio formal del incremento, que tendrá el formato de una suma fija no remunerativa que podrá tomarse a cuenta de las respectivas paritarias, tendrá lugar la próxima semana (se menciona entre lunes y martes) y regirá desde el mes de enero.
Sin embargo, aún no está consensuado el monto del aumento salarial del sector privado ni las condiciones de una mejora para los trabajadores del Estado. "Se va a resolver una vez que esté aprobada la Ley", dijeron desde la primera línea del gobierno en referencia a la sanción del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que hoy concretará el Senado.
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