Panamá endureció las normas para las llamadas “empresas de papel” utilizadas por extranjeros adinerados para ocultar ganancias obtenidas en el exterior, al exigir que las multinacionales que no demuestren actividad real dentro del país pagando un impuesto del 15%.
El proyecto fue aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional de Panamá y promulgado por el presidente Raúl Mulino, quien felicitó a los legisladores por la votación. La nación centroamericana se ha ganado durante la última década la reputación de paraíso fiscal, en gran medida debido al escándalo de los “Papeles de Panamá”, que reveló el uso generalizado de “empresas fantasma” como mecanismo para evadir impuestos sobre ingresos obtenidos en otros países.
Se espera que la medida contribuya a mejorar la reputación internacional del país, incluida una posible salida de la lista negra fiscal de la Unión Europea, donde figura desde 2020. Los legisladores han citado específicamente esa clasificación como una de las principales motivaciones de la reforma.
La aprobación de la ley es el requisito “más importante” para que Panamá salga de dicho listado, afirmó el mes pasado el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante el debate del proyecto. Sin embargo, no se espera que la medida altere de forma significativa la industria offshore del país, aunque sí incremente sus costos, ya que aún permite que determinadas corporaciones mantengan la exención fiscal.
Según las nuevas normas, las multinacionales deberán demostrar que cuentan con oficinas, personales y operaciones comerciales en Panamá para conservar la exención tributaria. La medida busca desalentar la creación de empresas de papel que podrían existir únicamente para ocultar fondos obtenidos en el extranjero. Las compañías que generan ingresos fuera del país, pero que mantienen una presencia significativa en Panamá, seguirán sin pagar impuestos sobre sus beneficios obtenidos en el exterior.
“Esto va a generar más empleo en Panamá porque las estructuras corporativas serán más costosas y se necesitarán más servicios legales”, afirmó Mauricio Marín , director de Bastet Family & Corporate Consulting. “Panamá sigue siendo una jurisdicción interesante, aunque ciertamente algunas personas se marcharán”.
La amplia industria offshore panameña incluye numerosos bufetes especializados en atender a extranjeros interesados en constituir sociedades locales, los cuales podrían incluso beneficiarse de una mayor demanda derivada de las nuevas exigencias regulatorias. Según Marín, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas también han aplicado normas de sustancia económica en los últimos años sin destruir sus respectivas industrias offshore.
Panamá es el único país de América Latina incluido en la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal de la Unión Europea, que cuenta con un total de diez integrantes, entre ellos Rusia, Vietnam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
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